Poder Judicial ratifica investigación contra Eduardo Arana por el delito de tráfico de influencias en el caso Los Cuellos Blancos

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, sigue en la mira de la justicia. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez supremo César San Martín, rechazó la tutela de derechos que buscaba precisar cuál sería "el medio corruptor en referencia a donativos, promesas o cualquier otra ventaja o beneficio", tras la conversación cómplice que mantuvo con el exjuez Walter Ríos en 2018, en el marco del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Arana Ysa solicitó que se aclare la imputación que le realiza la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias y cohecho. El titular del Minjus dijo que las afirmaciones sobre una supuesta promesa de donativo al juez Ríos son "especulativas". De esta manera, destacó que el testigo Gianfranco Paredes Sánchez, en su declaración programada para el 2 de noviembre de 2023, optó por el silencio, alegando que sus respuestas podrían incriminarlo.

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Al respecto, la Fiscalía desestimó la solicitud de Arana Ysa, argumentando que la falta de precisión en la imputación no vulnera sus derechos. La entidad sostiene que Eduardo Arana habría contactado a Walter Ríos, quien en ese momento ocupaba la presidencia de la Corte del Callao, con el objetivo de que este ejerciera influencias sobre el juez encargado del proceso en el que Arana tenía un interés particular. A cambio de esta intervención, se menciona la posibilidad de un donativo o beneficio, cuyo monto aún está por determinarse en el marco de la investigación preliminar.

En primera instancia, ya la iniciativa de Arana había sido rechazada. El pasado 26 de enero de 2024, el Juzgado Supremo de la Investigación
Preparatoria de la Corte Suprema declaró infundada la tutela de derechos solicitada. En su resolución, el juez Checkley Soria argumentó que la investigación preliminar que involucra a Walter Ríos Montalvo y Eduardo Melchor Arana se basa en una noticia periodística que sugiere la existencia de una conversación telefónica entre ambos. Aunque no se puede afirmar que dicha conversación sea ilícita, se consideró que contiene elementos con relevancia jurídica que justifican la apertura de la investigación.

Esta vez, la sala de San Martín confirma la medida de Checkley. El tribunal afirmó que existen indicios suficientes, como la mera presencia de la supuesta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, que generan una sospecha razonable sobre la posible comisión de un delito.