INPE sanciona a Pedro Castillo con aislamiento y restricción de visitas por realizar huelga de hambre
De manera simultánea al pronunciamiento del INPE, la Fiscalía llevó a cabo una verificación del estado de salud de Pedro Castillo para constatar su estado físico.
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El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se pronunció a través de X (antes Twitter) sobre la huelga de hambre que anunció el expresidente Pedro Castillo, tras considerar injusto el juicio oral en su contra por el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.
El INPE comunicó que Castillo ha pasado por una evaluación médica, asegurando que se encuentra estable. Agregó que se considera esto un acto de indisciplina, por lo que se inició un proceso administrativo disciplinario. La entidad dio a conocer que de forma oportuna se dará a conocer el resultado de dicho proceso.
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"La negativa a ingerir alimentos como acto de protesta o rebeldía, constituye una falta disciplinaria grave", se lee en su nota de prensa.
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Pedro Castillo: las consecuencias de su huelga de hambre
El INPE informó que Castillo habría infringido el Código de Ejecución Penal, en específico, los artículos en los cuales se señala como falta grave el negarse a ingerir alimentos como acto de protesta o rebeldía. Como consecuencia, Castillo será aislado dentro del penal y se le suspenderán las visitas hasta que se resuelva su situación disciplinaria.
De acuerdo con el reglamento penitenciario, las huelgas de hambre constituyen una falta grave debido a los riesgos que representan para la salud del interno y la seguridad del penal, por lo que el INPE podría aplicar sanciones adicionales si Castillo persiste en su protesta.
El exmandataro justificó su protesta posicionándose en rechazo al juicio que enfrenta por rebelión y abuso de autoridad. En la misiva, Castillo denunció que el proceso en su contra está politizado y que la jueza, Norma Carbajal, ha adelantado opinión, afectando su derecho a un juicio justo.
En la última audiencia, Castillo intentó retirarse en señal de protesta, pero la jueza le advirtió que debía permanecer en la sesión virtual. Su equipo legal ha denunciado supuestas irregularidades en el proceso y continúa exigiendo su liberación.
El juicio contra Castillo se originó tras su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, acción que fue declarada inconstitucional y derivó en su destitución y posterior detención. La fiscalía solicita una pena de 34 años de prisión, argumentando que su accionar configuró el delito de rebelión.
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