Ministerio Público: Retirarse de la mesa de trabajo de la Ley 32130 no es delito ni infracción constitucional

El Ministerio Público decidió retirarse de la “mesa de trabajo para el Protocolo de Actuación Interinstitucional de Investigación del delito” de la Ley 32130, hasta que el Tribunal Constitucional resuelva si dicha norma está acorde con la Constitución y con las funciones encomendadas a los fiscales.

La decisión fue comunicada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza al secretario técnico de dicha comisión, Hugo Peñares Flores, el 17 de febrero de 2025. “La decisión de retirar​nos temporalmente de la mesa (...) debido a que, con fecha 8 de febrero del 2025, el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la suscrita en contra de la Ley 32130”, indica el documento.

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Anota que el retiro temporal “guarda coherencia con la pretensión institucional planteada ante el máximo órgano de justicia constitucional”. Para la fiscalía esto no supone ninguna infracción constitucional, abuso de autoridad o una omisión de funciones.

“El Ministerio del Interior no nos puede obligar a protocolizar la Ley 32130 que a todas luces es inconstitucional y va contra el Ministerio Público. No hay infracción constitucional o consumación de un delito por retirarse de una mesa de trabajo  para la elaboración de un protocolo”, explicó una fuente de la fiscalía.

La policía no está preparada ni tiene la logística necesaria

Subrayó que sería criminal una conducta que busque obligarte a firmar un acuerdo con el cual estás en desacuerdo e incluso has presentado una demanda de inconstitucionalidad que se ha admitido a trámite. En el oficio dirigido al secretario técnico de la referida comisión, la fiscalía también observó las “carencias institucionales en las que se encuentra la Policía Nacional del Perú frente a la puesta en vigencia de la Ley 31130”.

Al respecto, el documento enumera la falta de capacitación y preparación de la policía para cumplir las funciones de la mencionada ley y “la insuficiencia presupuestal para la implementación de la logística necesaria a fin que las diversas unidades policiales puedan brindar atención oportuna frente a las denuncias que se puedan presentar”.

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Pasados 10 días de ese documento, en medio del enfrentamiento por las investigaciones el ministro José Santiváñez, el Ministerio del Interior  emitió un comunicado en el que dice lamentar “que intereses particulares priman frente a la razón y el trabajo conjunto en bien de la ciudadanía, desestabilizando así la gobernabilidad en el país”.

Ataque a la fiscal de la Nación

El comunicado no precisa cuáles serían esos intereses particulares. “La sola imposición de una demanda de inconstitucionalidad no deslegitima la ley ni mucho menos constituye una causal de apartamiento e inobservancia de la misma”, precisa. Además, se anuncia que el Ministerio del Interior presentaría una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación ante el Congreso por infracción al marco constitucional y por la comisión de conductas omisivas de actos funcionales.

De otro lado, el comunicado es contradictorio con las acciones que ha realizado el Ministro del Interior en las investigaciones en su contra. Santiváñez se ha negado a someterse a una pericia fonética y de homologación con el argumento de que ha presentado un recurso judicial en el que se opone a dicha disposición.

Sin embargo, cuando la fiscalía de la Nación se retira de la mesa de trabajo a la espera de una respuesta del TC sobre la constitucionalidad o no de la Ley que busca transferir a la policía la investigación del delito, señala que hay delito y resistencia a cumplir una norma legal.

No pueden imponer una ley que recorta atribuciones al Ministerio Público

​Es claro, que el objetivo del régimen de Dina Boluarte, a través del Ministerio del Interior​, es imponer una ley que recorta las atribuciones del Ministerio Público como titular de las acciones penal y director de las investigaciones. La ley que transfiere a la policía la dirección de la investigación criminal, junto a la que prohibió la detención preliminar sin flagrancia han detenido muchas investigaciones o impiden actuar de inmediato para detener a un delincuente o impedirle seguir cometiendo delitos.

En tanto, muchas investigaciones no pueden comenzar porque la gran mayoría de policías no tienen los conocimientos ni la logística necesaria. Reconocer las falencias de la Policía no suponen “expresiones despreciativas y despectivas” contra los efectivos policiales como asegura el Mininter.

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De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, lo único que se busca es el respeto de las funciones que la Constitución y la Ley le ha conferido y una efectiva lucha contra el delito y el crimen organizado que generan inseguridad y afectan a todo el país.  La ley 32130 al transferir la investigación del delito a la policía, supone en los hechos un nuevo Código Procesal Penal que requerirá una fuerte inversión económica para capacitación, infraestructura y logística a la Policía Nacional.

Contra esta norma, el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Lima han presentado una demanda de inconstitucionalidad al considerar que vulnera la autonomía del Ministerio Público, la independencia de poderes y los principios de razonabilidad y unidad.