La "limpieza" de la contraloría, tras "limpiar" a Dina Boluarte

La Contraloría cumple 95 años de creación en medio del desconcierto y una serie de rencillas internas tras la llegada a la institución del contralor César Aguilar Surichaqui. Los mejores funcionarios han sido desplazados a cargos irrelevantes, reemplazados en las gerencias importantes por abogados sin experiencia en las actividades de control.

El primer objetivo de este recambio, de acuerdo con fuentes de La República, fue limpiar a la presidenta Dina Boluarte. Lo que viene ahora es desviar o evitar el control sobre gobiernos regionales e instituciones afines a los aliados políticos del régimen que controla el Ejecutivo y el Congreso. Es decir, dicen, una Contraloría, al servicio de los intereses políticos.

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Una situación que revela este descontrol institucional es lo que ha sucedido entre julio de 2024 y enero de 2025, en la Vice contraloría de Gestión Estratégica, Integridad y Control. Esta dependencia fue reorganizada para limpiar a la presidenta y vuelta a reestructurar en enero para “sancionar” la supuesta filtración a la prensa de los informes  favorables a la presidenta.

El operativo para limpiar a la presidenta

El 10 de mayo de 2024, durante la gestión del excontralor Nelsón Shack, la subgerencia de fiscalización, dependencia de la mencionada vice contraloría, emitió un informe desfavorable a la presidenta Boluarte. En dicho informe se estableció una serie de inconsistencias en las declaraciones juradas de Dina Boluarte, de los años correspondientes a febrero de 2022 a febrero de 2024.

La Contraloría determinó que los gastos de la presidenta eran superiores a sus ingresos proyectados en esa época. “Se identificó indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado (...) derivado del rubro ahorros, colocaciones, depósitos e inversiones en el sistema financiero”, estableció la Contraloría.

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Días después que ese informe trascendió a la prensa, la presidente remitió al Congreso la propuesta para nombrar como nuevo contralor a César Aguilar. En agosto de 2024, el nuevo contralor puso al frente de Gestión Estratégica a Luigino Pilotto Carreño, vinculado al expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

Junto a Pilotto también llegaron Luis Ramírez Moscoso, como encargado de la Gerencia de Análisis de Información para el Control; Frank Mauricio Morales, en la Subgerencia del Observatorio Anticorrupción, Karla Pérez Guzmán, en la Subgerencia de Gestión de Declaraciones, y Vanessa Walde Ortega, en la Subgerencia de Fiscalización, encargada de fiscalizar las declaraciones de la presidenta Boluarte.

El factor Walde: un informe favorable a Dina Boluarte

Walde Ortega es hija del conocido exjuez supremo Vicente Walde Jáuregui, antiguo jefe de Aguilar Surichaqui. Ella sería una de los tantos funcionarios contratados por la actual gestión que no reúne los requisitos de perfil  que requiere el puesto para el que fue contratada. De acuerdo con las fuentes, ella ingresó con el objetivo directo de supervisar los informes de fiscalización de la presidenta Dina Boluarte.

Es verdad que el equipo técnico a cargo de la fiscalización es el mismo designado en la época de  Shack, pero desde agosto se les aisló de “cualquier otra influencia”. El 4 de octubre de 2024, la Contraloría envió a la fiscalía de la Nación el informe de fiscalización a Dina Boluarte. Dicho documento es firmado por las Contadoras Públicas Colegiadas Sandra Calderón Lázaro y María Acuña Morales y la abogada Martha Antezana Córdova. En tanto, firma como supervisora Vanessa Walde.

“Respecto al análisis de correspondencia, de la verificación integral realizada entre lo consignado en las Declaraciones Juradas fiscalizadas, las aclaraciones de la fiscalizada (Dina Boluarte) y las fuentes consultadas se concluye que no se han identificado indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado durante el periodo fiscalizado” que va de febrero 2022 hasta febrero 2024, concluyó el órgano de control.

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El 14 de enero de 2025, Vanessa Walde anunció a sus compañeros de trabajo que saldría de licencia por maternidad del 15 de enero al 22 de abril de 2025. Anunció, además, su viaje a Estados Unidos para tener un parto en un ambiente menos perturbador que el de Lima.

El informe podría evitar una nueva denuncia constitucional

Este informe resulta vital para la defensa de Boluarte. El abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal Sánchez lo está utilizando para  contradecir el informe pericial oficial. El 30 de octubre de 2024, los peritos designados por la fiscalía, Richard Sánchez Solorzano y Margalinda Salinas Moncada, en el informe pericial contable financiero N° 12-2024 determinan que la presidenta Boluarte presenta un incremento patrimonial de 58,699.97 soles en depósitos bancarios cuyo origen se desconoce.

Portugal solicitó a la fiscalía que, antes de decidir si presenta una nueva denuncia constitucional contra la presidenta por enriquecimiento ilícito, escuche a los especialistas de la Contraloría. La fiscalía le denegó el pedido al considerar que es una diligencia que no corresponde a una  investigación preliminar, pero en febrero de 2025, el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley acogió el pedido de la defensa.

La fiscalía debe interrogar a los testigos técnicos, la contadora pública Sandra Calderón Lázaro y la abogada Martha Antezana Córdova sobre el contenido de su informe y las fuentes de información. En declaraciones a La República, el vocero de la Contraloría, Guzmán Vera indicó que el informe incluye el asunto de los rolex y pulseras cartier, pero eso no aparece en el detalle del informe remitido a la fiscalía, según pudo conocer La República.

Renuncias y reacomodos en la Contraloria

El 6 de febrero de 2025, luego que La República informó de la existencia de un informe de  la Contraloría a favor de la presidenta Boluarte,  un fuerte ventarrón sacudió las bases de dicha institución. En los días siguientes, el vice contralor Luigino Pilotto y la asesora Rosmery Cornejo Valdivia, ex directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, renunciaron a la Contraloría. Hay dos versiones sobre esta repentina e intempestiva salida.

Unas fuentes señalan que lo hicieron en desacuerdo por el giro abiertamente favorable a la presidenta Boluarte de parte de la Contraloría. Pilotto no habría tenido conocimiento previo del informe que exculpa a la presidenta y su trascendencia en la investigación sobre un eventual enriquecimiento ilícito.

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Otras fuentes señalan que ambos fueron “renunciados”, luego que el despacho del contralor recibió una llamada de Palacio de Gobierno. Supuestamente, la presidenta ha dado una orden para que ninguna persona vinculada al ex premier Otárola Peñaranda permanezca en el sector público. La misma orden alcanza a las personas que en algún momento han trabajado con el ex contralor Nelson Sack.

Además, se les acusó de haber filtrado dicho informe a la prensa. Tras la llamada, Pilotto y Cornejo debieron renunciar, al pasar a ser consideradas personas no gratas para la Contraloría y el Gobierno. En tanto, tras revelarse la falta de perfil en el caso Walde, el Contralor ha dispuesto una profunda revisión y “modernización” del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Contraloría. El nuevo ROF debe adecuarse al perfil de los funcionarios que han ingresado a su gestión.