Informe de la SAC plantea invalidar la denuncia contra Patricia Chirinos y Patricia Benavides por ataques a la JNJ

El informe de calificación realizado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, busca blindar a la congresista Patricia Chirinos y a la destituida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, de la denuncia constitucional que pesa contra ellas por el ataque a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La República accedió a dicho documento que declara inválida la acusación constitucional que había interpuesto la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra Benavides y Chirinos el año pasado, con base en las declaraciones del exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, alias "El filósofo".

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Según este documento realizado por la presidenta de la Subcomisión, María Acuña, el motivo para denegar esta denuncia constitucional se basa en que Delia Espinoza la presentó cuando aún no era fiscal de la Nación. Acuña afirma que la fiscal suprema no estaba facultada para interponer denuncias constitucionales en nombre del Ministerio Público.

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Además, basó su argumento en que Delia Espinoza, en su calidad de fiscal suprema titular designada en el despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, no era "capaz" ni tampoco tenía la "capacidad específica" de representar institucionalmente a la Fiscalía ante el Congreso, a pesar de poseer un alto cargo.

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Este criterio sienta un mal precedente, ya que Espinoza también inició investigaciones preliminares contra 14 congresistas en el caso Jaime Villanueva, cuando aún no ocupaba dicho cargo.

"… lo que ratifica la invalidez de la presente denuncia al haber sido presentado sin autoridad para ello. Si bien la denuncia asumió competencia sobre la carpeta fiscal 120-2024 por disposiciones internas del Ministerio Público, ello no constituye una delegación expresa del Fiscal de la Nación (Juan Carlos Villena) que le permita presentar una denuncia constitucional, lo que refuerza la carencia de legitimidad en el presente caso", se observa en el informe.

Esta denuncia fue realizada en mayo de 2024 por Espinoza, cuando el fiscal de la Nación interino era Juan Villena.

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Como informó La República, Benavides y Chirinos habrían concertado diferentes acuerdos a través de Jaime Villanueva y Abel Hurtado, exasesores de la extitular del Ministerio Público, para buscar la remoción de los miembros de la JNJ.

Chirinos fue autora de una moción que planteó la remoción de los magistrados y además interpuso una denuncia contra los jueces que aprobaron una medida cautelar que frenó la arremetida del Congreso contra la JNJ.

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Aunque la remoción no prosperó, luego el Congreso pudo inhabilitar, a través de un juicio político, a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, quienes retornaron a sus cargos luego mediante una acción de amparo.

La Subcomisión todavía no se pronuncia sobre el fondo del asunto, pero se ampara en que Espinoza no fue fiscal de la Nación para desestimar la acusación y devolverla. Acuña le dio tres días para que subsane las observaciones.

Al cierre de esta nota, el informe de calificación no fue votado, pero todo indica que en la próxima sesión será discutida. El inminente blindaje asoma en un contexto en que los congresistas investigados y el ministro del Interior, Juan Santiváñez, cuestionan la permanencia de la titular del Ministerio Público.

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Reprograman denuncia contra Mirtha Vásquez para el 4 de marzo

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales intentó debatir la denuncia constitucional 114 (antes 467), que busca sancionar a la excongresista Mirtha Vásquez, en su calidad de expresidenta del Congreso, por el presunto incremento irregular de sueldos a nueve trabajadores, designaciones a dedo e incumplimiento del plan contra el coronavirus en el Parlamento.

No obstante, Mirtha Vásquez alegó que nunca fue formalmente notificada por la Subcomisión sobre el informe de determinación de los hechos y pertinencia de pruebas, por lo que no podría ejercer su derecho a la defensa. Esta afirmación fue rechazada por María Acuña, quien sostuvo que Vásquez pudo haber acudido a la SAC para solicitar dicho informe.

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Ante este panorama, el excongresista denunciante Manuel Merino de Lama y la congresista Martha Moyano pidieron suspender la audiencia para "garantizar el proceso de Mirtha Vásquez", por lo que, finalmente, Acuña optó por reprogramarla para el próximo 4 de marzo.

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