Janet Tello: Colegio de Abogados de Lima advierte sobre acoso político contra la presidenta del Poder Judicial

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su solidaridad con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, denunciando que es objeto de acoso por parte de distintos sectores del poder político. El pronunciamiento del CAL se dio luego de que se anunciara que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) iniciaría un proceso disciplinario contra Tello. Fuentes de La República indicaron que dicho proceso estaría motivado por sectores políticos del Ejecutivo y el Legislativo, que ven en Tello una figura incómoda para el ejercicio del poder.

"El Colegio de Abogados de Lima expresa su solidaridad con la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, ante el evidente acoso político del que viene siendo objeto, bajo el pretexto de una cuestionable interpretación legal en un proceso de carácter laboral. Resulta preocupante que, de los miles de casos resueltos por la sala que integra la Dra. Tello en los últimos años, se pretenda utilizar uno en particular como pretexto para afectar su labor e independencia judicial", señala el inicio del comunicado

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"Este tipo de medidas disciplinarias no deben utilizarse como mecanismos de presión política"

En su comunicado, el CAL advirtió que la medida representa una amenaza para la independencia del Poder Judicial y, por ende, para la democracia.

"El Colegio de Abogados de Lima rechaza enérgicamente cualquier intento de menoscabar la independencia del Poder Judicial y la estabilidad de sus magistrados, principios fundamentales del Estado de derecho. La decisión de la Junta Nacional de Justicia de iniciar un procedimiento disciplinario inmediato contra la Dra. Tello y otros magistrados de la Corte Suprema, basándose en una supuesta invocación errónea de una norma derogada, genera preocupación en la comunidad jurídica y en la ciudadanía en general", señala el primer párrafo del pronunciamiento.

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Asimismo, la institución enfatizó que los procesos disciplinarios no deben responder a intereses políticos.

"Este tipo de medidas disciplinarias no deben utilizarse como mecanismos de presión política ni como herramientas para debilitar la independencia de los jueces. La institucionalidad democrática exige el respeto irrestricto a la separación de poderes, garantizando que las decisiones jurisdiccionales se adopten en un ambiente libre de injerencias externas", indicó.

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El origen del proceso disciplinario contra Janet Tello

El proceso disciplinario inmediato que la JNJ ha iniciado contra Janet Tello y otros cuatro jueces supremos, con la intención de suspenderlos y destituirlos, tiene su origen en una denuncia presentada por el ex coronel de la Policía Nacional Julio Ramón Cadenillas Díaz.

En 2015, Cadenillas fue retirado del servicio tras incurrir en diversas infracciones durante una misión oficial en Arequipa. A pesar de haber apelado en distintas instancias judiciales, su reclamo no prosperó. Finalmente, el 19 de julio de 2024, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema rechazó su recurso de casación por no cumplir con los requisitos exigidos. Ante ello, el exoficial presentó una denuncia ante la JNJ el 4 de noviembre del mismo año, argumentando que los jueces incurrieron en una “motivación defectuosa” al basarse en un artículo derogado del Código Procesal Civil.

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Así pues, se da la polémica razón que llevaría a que el presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, proponga el 29 de enero de 2025 iniciar un procedimiento disciplinario de destitución contra los jueces involucrados, entre los que se encuentra Tello Gilardi. La medida ha generado controversia, dado que el proceso inmediato se reserva para situaciones de inconducta grave que amenacen la estabilidad del sistema judicial, lo que no se evidenciaría en este caso.

La posibilidad de suspender a la presidenta del Poder Judicial por una denuncia presentada por un ex coronel en retiro enviaría un mensaje preocupante a la judicatura: la necesidad de alinearse con los intereses políticos que actualmente dominan la JNJ. Este escenario podría interpretarse como un intento de presión sobre el Poder Judicial para garantizar resoluciones favorables al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso, señalado por impulsar leyes que benefician a redes delictivas. La inminente decisión de la JNJ podría sentar un precedente peligroso, afectando la independencia y autonomía de los magistrados en el ejercicio de sus funciones.