Edwin Martínez presenta proyecto de ley para el retiro del pacto de San José de Costa Rica
El congresista no agrupado argumentó que la interferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los procesos judiciales, quitaría soberanía al país.
Un nuevo golpe al sistema judicial. El parlamentario no agrupado Edwin Martínez Talavera presentó un proyecto de ley para que el Perú se retire del pacto de San José de Costa Rica. Como argumentos, el parlamentario indica que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) plantea varios problemas relacionados con la "soberanía nacional, interpretación de derechos y situación de conflicto".
Para Martínez, la intervención de la CADH generaría "tensiones en la autonomía de las decisiones internas del país". Además, precisa que la aplicación de la CADH ha sido considerada por muchos gobiernos como excesivas o incompatibles con las legislaciones nacionales, ocasionando preocupaciones sobre la adaptación de normativas locales.
Proyecto de Ley contra CADH. Foto: difusión
Asimismo, el congresista indicó que "la CADH ocasionaría situaciones de conflicto, pues sus decisiones afectarían la seguridad nacional o el orden público, especialmente en situaciones de violencia o crisis".
Por otro lado, otros cuatro fundamentos para la propuesta que planteo el parlamentario Martínez fueron los siguientes:
- Autodeterminación: Se sostiene que cada nación tiene el derecho a decidir sobre sus normas y procesos judiciales
- Reforzar Instituciones Locales: La propuesta puede enfocarse en fortalecer las instituciones de derechos humanos locales, asegurando que sean las instancias nacionales las que resuelvan los conflictos en esta materia.
- Necesidad de Reformas: Se puede argumentar que es necesario realizar reformas en el sistema de derechos humanos nacional para alinear mejor los compromisos internacionales con la realidad local, sin depender de instancias internacionales.
- Alternativas de Protección: La propuesta puede incluir la búsqueda de mecanismos alternativos y más apropiados para la protección de derechos humanos a nivel local, evitando la dependencia de instrumentos internacionales que no se ajustan a las particularidades del contexto nacional