Funcionarios de quebrada Caja Sullana asumen ilegalmente cargos en Caja Piura

El 12 de julio de 2024, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció la disolución de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana S.A. La medida fue tomada debido a un notable deterioro en la solvencia de la entidad financiera, el cual se aceleró durante los últimos siete años.

Ante esta situación, la Caja Piura asumió la cartera de créditos y depósitos de la Caja Sullana, luego de una licitación convocada por la SBS.

En la actualidad, la Caja Piura está conformada por seis directores. La preside Federico Guerrero Neyra y lo acompañan Valentín Soto Llerena, Armando Rivera Franco, Javier Chero Maza, Oswaldo Fernández Rumiche y José Olivares Canchari.

Sin embargo, Oswaldo Fernández Rumiche y José Olivares Canchari no pueden asumir la riendas de la caja municipal más importante de todos los piuranos.

Caja Piura: informe de auditoria pone al descubierto irregularidades

Mediante el informe CMP-GAI-R12-2024-308 al que accedió La República, y que fue emitida por la gerencia de auditoria Interna de la Caja Piura, señala que Fernández y Olivares no pueden ejercer el cargo, por vulnerar la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS.

Fernández y Olivares al haber ejercido cargos directivos y/o gerenciales en la Caja Sullana en intervención y en disolución incurrieron en un impedimento sobreviniente para el ejercicio del cargo de director de la Caja Piura, en atención al numeral 11 del artículo 20º de la Ley N° 26702, la cual es aplicable a los directores de las empresas supervisadas por la SBS por remisión del numeral 2 del artículo 81º de la citada Ley.

"Como parte de la información que evalúa esta UAI para la verificación de cumplimiento de requisitos y ausencia de impedimentos de los candidatos designados para el ejercicio del cargo de director de Caja Piura, se ha verificado que los siguientes directores de Caja Piura han desempeñado, en los últimos diez (10) años, los siguientes cargos directivos y/o gerenciales en la Caja Sullana en intervención y hoy en disolución", dice un extracto del documento.

Javier Fernández Rumiche se desempeñó como gerente de Negocios (enero 2008-febrero 2016). Solo se considera su participación en los últimos 10 años; es decir, desde enero 2014 a febrero 2026. También se desempeñó como gerente de Innovación y Desarrollo (febrero 2016 a marzo 2018) y gerente de cobranza (abril 2018 a marzo 2019).

Mientras que José Olivares laboró como director de Caja Sullana y del Comité de Riesgos (agosto 2022- diciembre 2023).

Caja Piura: silencio de los involucrados

La República se trató de comunicar con los funcionarios Javier Fernández y José Olivares; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no respondieron a la solicitud de la llamada.

En tanto, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid, quien forma parte de las decisiones de la Caja Piura evitó pronunciarse afirmando que la presunta irregularidad le compete a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

Por su parte, la SBS dijo que "no emitirá comentarios por tratarse de un informe de naturaleza reservada; el mismo que surtirá sus efectos en tanto la SBS se pronuncie sobre el mismo".

Jorge Carrillo Acosta, experto en Finanzas de Pacífico Business School, dijo que el directorio de la Caja de Piura debe ser idóneo, por lo que los implicados deben renunciar

"Debe cumplirse con los perfiles, puesto que debe ser un directorio idóneo. Es así que debe renunciar porque están vulnerando la ley (…) se podría generar que todos los acuerdos que adopte el directorio sean nulos porque no pueden estar en el cargo", dijo Carrillo a este medio.

Jorge Ojeda Pino, profesor de la carrera de Banca y Finanzas de la UPC, dijo que la SBS debe intervenir porque se estaría vulnerando la ley.

"Si lo están proponiendo como directores de la Caja Piura no se puede y tendrían problemas legales. Esto va en contra de la gobernanza de la entidad financiera. La SBS debería intervenir en este caso. Esto es un caso de ley, sino se cumple la ley cualquier organismo podría hacer la denuncia", sentenció Ojeda.