TC declara infundada demanda de la Defensoría del Pueblo contra ley de contrarreforma universitaria

El Tribunal Constitucional (TC) publicó un documento donde declaró infundadas las demandas de inconstitucionalidad presentadas por la ex Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, en contra de la Ley 31520. Esta ley busca modificar la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas.

El documento señala específicamente que las demandas contra los artículos 1 y 3, así como contra la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 31520, son infundadas. Esto implica que el actual titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, deberá ratificar el recurso presentado.

El TC argumenta que el artículo 1 de la ley no afecta el derecho a la educación universitaria de calidad ni impide su efectividad. Además, el artículo 3, que se refiere al diseño e implementación de herramientas para mejorar la calidad educativa en las universidades, no contraviene las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado.

El Tribunal también exhortó al Poder Ejecutivo a coordinar con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas para la adecuada aplicación de la ley. Asimismo, instó al Poder Legislativo a garantizar la progresividad y no regresividad en la inversión pública en educación, asegurando así una mejora continua en el sistema educativo del país.

También exhortaron al Poder Legislativo a "respetar el principio de progresividad y no regresividad en la inversión pública para la garantía del derecho a la educación" y "exhortar al Poder Ejecutivo" para que "coordinen en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la fijación de montos y criterios técnicos". 

¿Qué es la contrarreforma universitaria?

La contrarreforma universitaria se refiere a una serie de modificaciones legislativas implementadas a partir de inicios de 2023 en el sistema de educación superior de Perú. Esta ley ha generado controversia por varias razones clave.

En primer lugar, la nueva normativa permite que universidades e instituciones de educación superior registren programas académicos sin necesidad de ser evaluados previamente por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Este cambio ha sido criticado porque podría comprometer la calidad educativa al permitir la creación de programas académicos sin una adecuada supervisión.

Además, la contrarreforma modificó la composición del consejo directivo de Sunedu, incluyendo en él a representantes de universidades. Esta inclusión ha sido vista como una amenaza a la autonomía de la Sunedu, ya que podría limitar su capacidad para fiscalizar de manera independiente a las instituciones educativas, dado que los propios representantes de las universidades estarían involucrados en las decisiones de supervisión.