Eduardo Salhuana, continuidad y alarma en la Mesa Directiva
El nuevo presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, tiene un perfil menos beligerante que su antecesor, Alejandro Soto, pero escala en las preocupaciones por los lazos de grupos ilegales con el Parlamento.
Eduardo Salhuana empezó sus días de presidente del Congreso con una calma que contrasta con el cúmulo de demandas, cuestionamientos y pretensiones que debe afrontar, además del descrédito ciudadano a la entidad que le toca encabezar.
Nacido en el Cusco pero residente en Madre de Dios y elegido legislador por esa región, marca una continuidad en la presidencia del Poder Legislativo: como su antecesor, Alejandro Soto, es integrante de Alianza para el Progreso (APP), cuestionado pero favorecido por el cubileteo de la coalición que maneja el Parlamento sin atender demandas de la población que consideren contrarios a sus intereses particulares.
La persistencia de Salhuana le ha servido para encumbrarse en este poder del Estado, aunque cargue el peso de sus vínculos con mineros ilegales y deba enfrentar las papas calientes que dejó la gestión de Soto, como la aprobación de la generosa pensión vitalicia al exdictador Alberto Fujimori.
Salhuana acepta dar virajes que lo llevan a reinventarse. Su trayectoria lo evidencia: de diputado de Izquierda Unida de 1990 a 1992, en que fue destituido por el golpe de Fujimori, reapareció como candidato y congresista de Renacimiento Andino, partido indigenista de Ciro Gálvez; se cambió a Perú Posible entre el 2001 y 2006, fue ministro de Justicia de Alejandro Toledo y postulante por su partido a legislador y a gobernador de Madre de Dios para finalmente caer en APP de César Acuña.
Es decir, Salhuana transitó un camino desde izquierdista hasta pragmático. Su inicio en la izquierda fue precedido por la actividad política estudiantil cuando era alumno de Derecho en la Universidad San Antonio Abad del Cusco y la sindical cuando trabajaba en el Banco Agraria y fundó la Federación Bancaria del Perú, antes lanzarse para diputado.
En los noventa, tras el golpe de Fujimori que lo sacó del Congreso, ejerció la abogacía y fue juez en su región. Luego postuló sin éxito a la alcaldía de Tambopata, provincia de Madre de Dios, con una agrupación política local y colaboró con el Foro Democrático, iniciativa civil que buscaba una salida legítima a la autocracia del fujimorismo.
En el Parlamento, como peruposibilista, fue vocero de esta bancada y solícito defensor de gobierno toledista. Llegó a ser ministro de Justicia con la idea de articular mejor con los congresistas ante versiones de que la oposición de entonces apuntaba a una vacancia contra Toledo.
Al acabar el toledato, postuló a la reelección sin éxito y empezó a complicarse judicialmente con una sentencia de pensión alimentos por una demanda presentada por su exesposa.
Con minería ilegal
Con Perú Posible, Salhuana intentó volver al Congreso tres veces y ser gobernador regional una vez pero no lo logró. Mientras, asesoró a la Federación Minera de Madre de Dios y fue gerente general del Gobierno Regional madrediosense, que encabezaba Luis Otsuka, cuestionado por considerársele operador político de extractores de oro ilegal.
Siguió complicándose. Con Otsuka, fue denunciado por presunto cobro de cupos a mineros ilegales para que las Fuerzas Armadas no hagan interdicción en los campamentos, según informó el sitio web Ojo Público. En total, tiene tres investigaciones en la Fiscalía, un juicio por presunta corrupción y una acusación de peculado, además de no declarar tres hijos que tiene con distintas mujeres, según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece.
Tras regresar al Congreso con APP, ha presentado proyectos de ley a favor de la minería ilegal. Hasta poco antes de asumir el cargo, defendió a un minero y luego este fue representado por su asesora parlamentaria, como reveló Latina.
Se entiende que su ascenso en el Legislativo haya alarmado a muchos, menos a la coalición dominante de este poder.
No les importa las críticas
Aunque Eduardo Salhuana no tiene el perfil estridente, histriónico y díscolo de Alejandro Soto, ambos son cuestionados. Sin embargo, ante la desatención de Soto a la prensa, el nuevo presidente del Congreso marca un matiz al asegurar que les abrirá las puertas.
La abogada Ana Leyva, coordinadora en la organización Cooperacción, advierte que Salhuana ha optado por favorecer los intereses de esos grupos para que sigan operando sin problemas. “Ha sido su principal agenda. Ha promovido favorecer los intereses de esos grupos. Que sea elegido presidente del Congreso muestra que a la mayoría de los parlamentarios ya no les importa y están por intereses particulares”, dice.
El politólogo Alejandro Boyco destaca la continuidad en el ascenso de Salhuana a la presidencia del Congreso. “APP sigue a la cabeza y la coalición dominante se mantiene casi intacta en la Mesa Directiva. Esa continuidad muestra fortalecimiento de esta coalición. Han sido muy criticados en sus designaciones y no les importa. Esto demuestra una profundización en su capacidad para gobernar sin rendir cuentas ni considerar la crítica ciudadana”, anota.
