Mininter asegura que exdefendido de Juan Santiváñez no era prófugo de la justicia cuando ejercía de abogado

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, podría enfrentar un nuevo cuestionamiento a raíz del último reportaje emitido por Canal N, el cual reveló que el integrante del Poder Ejecutivo liderado por la presidenta Dina Boluarte, presuntamente defendió a un prófugo de la justicia, acusado de liderar una organización criminal denominada "Los Piaras de Huacariz", en la región de Cajamarca.

Según el reportaje periodístico, en el 2021, Juan José Santiváñez estuvo a cargo de la defensa legal de Edward Ortiz, quien fue sindicado por el Ministerio Público de liderar una red delincuencial cuyo objetivo era cobrar cupos a los internos del establecimiento penitenciario. Este grupo introducía celulares para alquilárselos a los reclusos o permitir visitas excepcionales.

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"Se dedicaban a cobrar cupos a los internos del penal, les cobraban hasta por ir al baño. Ellos mismos metían los celulares, se los alquilaban a los presos, les cobraban cupos por introducir droga o visitas excepcionales", señaló el fiscal superior y coordinador de las Fiscalías Especializadas Corporativas contra la Criminalidad Organizada en una entrevista con el medio periodístico mencionado.

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Esta organización criminal llevó a cabo sus actividades delictivas entre los años 2016 y 2020. El Ministerio Público reveló audios, videos y testimonios para evidenciar el modus operandi de los integrantes de dicho grupo delictivo. Esta acción se logró gracias al trabajo conjunto con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

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Expatrocinado de Santiváñez no se encuentra en el programa de recompensas

En esa línea, Santiváñez, pese a que hace tres años aseguró en una entrevista para el medio Debate, que su entonces patrocinado no se encuentra prófugo de la justicia, sino que estaba "no habido". No obstante, según Canal N, asegura que Edward Ortiz no se encuentra en el Programa de Recompensas de la PNP, a pesar de que actualmente pesa sobre él una medida de prisión preventiva por 36 meses y una orden de captura vigente.

Además, el mencionado reportaje periodístico indicó que el entonces asesor del ministro del Interior habría burlado las fronteras del país para residir en el estado de Los Ángeles, Estados Unidos. Esta información se pudo verificar después de que la unidad de investigación del medio en cuestión revisara el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

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En una fotografía registrada en el 2020, se encuentran Edwin Ortiz y Noriel Chingay, un prefecto de la región de Cajamarca que tuvo protagonismo hace unas semanas por su cercanía con el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, quien es investigado por liderar una presunta organización criminal denominada Waykis en la Sombra, según la Fiscalía.

El medio periodístico mencionado indica que el titular del Ministerio del Interior no solo ha ejercido la defensa legal del prófugo Edwin Ortiz, sino que en la actualidad es el jefe de Jorge Ortiz Marreros, vinculado a la red criminal Waykis en la Sombra.

Jorge Ortiz fue separado del cargo como director general de Gobierno Interior, pero aún mantiene un puesto laboral en el Ministerio del Interior. No obstante, las funciones que desempeñaría serían como Analista III en prevención de conflictos sociales y estas acciones se realizarían mediante la modalidad de teletrabajo.

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Defendido de Juan José Santiváñez enfrentó cargos en su contra en libertad, asegura Mininter

Tras la difusión del reportaje periodístico, el Ministerio del Interior emitió un comunicado cuestionando la información que fue proporcionada a su audiencia. En el escrito, la mencionada institución aseguró que Edward Ortiz enfrentó su proceso en libertad y no como prófugo de la justicia, como informó Canal N.

Asimismo, sostuvieron que Jorge Ortiz tiene un puesto de trabajo en el Mininter debido a que, en la actualidad, mantiene un contrato laboral bajo la modalidad CAS y que su permanencia en la referida institución se debe a un 'reconocimiento pleno de sus derechos constitucionales'.