Nuevo pacto de impunidad del fujicerronismo
Alianzas temerarias. Aprueban dictamen para excluir a los partidos políticos de responsabilidad en las causas penales. Fuerza Popular actualmente está incluido en el proceso por organización criminal seguido contra Keiko Fujimori, y Perú Libre en una investigación abierta contra el prófugo Vladimir Cerrón.
La alianza entre la procesada Keiko Fujimori y el prófugo Vladimir Cerrón dio ayer un nuevo paso en su arremetida contra el sistema de justicia. Ambos políticos, a través de sus bancadas en el Congreso, lograron la aprobación de un dictamen para modificar el Código Penal y excluir a los partidos políticos de cualquier responsabilidad en los procesos penales. Vaya casualidad: Fuerza Popular y Perú Libre actualmente forman parte de carpetas judiciales, como presuntas organizaciones criminales.
El proyecto tiene como autor a Waldemar Cerrón. Este legislador presentó, el 5 de octubre del 2023, una iniciativa legal que “reconoce a los partidos políticos como asociaciones de interés público y su no criminalización”.
La mala formulación y redacción de la propuesta llevó al personal técnico del Congreso a replantearlo y esa tarea se hizo en la Comisión de Constitución, que preside nada menos que Martha Moyano, de Fuerza Popular.
Ayer, en sesión ordinaria del citado grupo de Constitución, la fujimorista sustentó el dictamen, pero con una fórmula distinta: modificar un artículo concreto del Código Penal y otro artículo de la ley 30424, sobre responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en los procesos por el delito de cohecho.
El objetivo, al final, es el mismo: sacar una ley para que todas las personerías jurídicas puedan ser sancionadas, menos los partidos. Es decir, las organizaciones políticas tendrán carta blanca para poder ser instrumentalizadas para la comisión de determinados delitos, pero no serán sancionados. Todo esto gracias a la ley que apura el fujicerronismo.
Debate vacío y votación
Durante el escueto debate, Waldemar Cerrón se limitó a repetir que las responsabilidades penales son personalísimas. La fujimorista Patricia Juárez también defendió férreamente la propuesta y habló de una supuesta persecución judicial contra partidos y líderes políticos.
La exfiscal y hoy congresista Gladys Echaíz consideró que una ley de este tipo ya no sería necesaria por existir una sentencia aclaratoria, pero al final votó a favor del dictamen.
Moyano se encargó de apresurar el debate, pues la sesión inició pasada las diez de la mañana y a las once varios ya tenían que participan en la Comisión Permanente.
Fue así que, sin un verdadero y amplio debate, los legisladores del grupo de Constitución aprobaron el dictamen con 14 votos.
Cinco de los votos a favor fueron del fujimorismo y estos estuvieron respaldados por legisladores de bancadas satélites como Renovación Popular, Acción Popular y Podemos Perú. También votaron a favor Waldemar Cerrón y María Taipe, de Perú Libre (detalles en el cuadro).
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Ley con nombre propio
Consultado sobre el tema de fondo, el penalista Jorge Zúñiga explicó que ningún partido se crea con la finalidad de cometer delitos. Sin embargo, existe la posibilidad de que alguna de estas organizaciones sea instrumentalizada para cometerlos.
Es por ello que el Código Penal, en su artículo 105, establece determinadas sanciones como la disolución o liquidación. “Ahora están excluyendo de esas sanciones únicamente a los partidos políticos”, observó.
Precisamente el dictamen del fujicerronismo modifica párrafos del artículo 105 del Código Penal para excluir a los partidos de las sanciones. “Respecto de los partidos políticos no es de aplicación lo dispuesto en los numerales 2 y 3”, dice el texto aprobado. Es decir, los partidos usados para cometer delitos ya no serán sancionados con la disolución o suspensión.
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Zúñiga detalló que hay delitos que sí podrían ser cometidos a través de los partidos políticos, como es el caso de la organización criminal, estafa, lavado de activos o defraudación tributaria.
Precisamente, Fuerza Popular y Perú Libre forman parte de carpetas en el sistema de justicia, por presuntos delitos de organización criminal y lavados de activos.
El caso de Fuerza Popular ya se encuentra en etapa de acusación, en relación con el megaproceso seguido contra Keiko Fujimori por el presunto lavado de más de 17 millones de dólares. Aquí ya hay un pedido fiscal directo de liquidación del partido.
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En cuanto a Perú Libre, esta organización ha sido incluida como parte de la investigación fiscal abierta contra el prófugo Vladimir Cerrón, también por lavado de activos y organización criminal. Se trata del caso conocido como Los Dinámicos del Centro.
Y eso no es todo. El grupo Podemos Perú, este mes, fue incluido como persona jurídica en una investigación fiscal abierta contra el congresista José Luna Gálvez (y un miembro de su bancada, José Elías Ávalos, no tuvo reparos en votar a favor del dictamen).
Con el dictamen aprobado ayer, ahora solo falta la ratificación en el Pleno y tendremos una nueva ley de impunidad del fujicerronismo.
