La Oroya: "La justicia tarda pero llega", expresa víctima de contaminación
Liliana Carhuas dijo que en más de veinte años de lucha en el país siempre dijeron que el Estado era responsable de la vulneración de sus derechos a un ambiente sano y a la salud, y que finalmente la Corte IDH lo ha obligado a cumplir con la población afectada con metales pesados.
Al conocer la decisión de la Corte IDH, Liliana Carhuas, una de las víctimas de contaminación con metales pesados, expresó que la justicia tarda pero llega. "Son más de 20 años de lucha, siempre se dijo que el Estado era responsable de las vulneraciones de nuestros derechos al ambiente, a la salud. Hemos esperado décadas para que nuestra salud sea atendida y la calidad de aire y agua en La Oroya sea la mejor. Por fin una instancia internacional está obligando al Estado a que cumpla con nosotros”, manifestó.
Dijo que todos están conformes con la decisión de la Corte porque es un precedente no solo para el pueblo peruano sino para otros países que sufren las mismas violaciones de derechos.
"El Estado tiene que hacerse responsable de todas las atrocidades que nos ha pasado, la indiferencia que ha tenido durante todos estos años y lo sigue haciendo. Hemos tenido décadas de esperar que nuestra salud sea atendida y que la calidad de aire y agua en La Oroya sea la mejor. Por fin una instancia internacional está obligando al Estado a que cumpla con nosotros", señaló.
También refirió que la fuerte contaminación ambiental hizo que la población de La Oroya fuera atacada por enfermedades bronquiales, descalcificación de huesos, hipotiroidismo y otras afectaciones.
"Cuando íbamos al centro de salud, que maneja el Ministerio de Salud, los médicos no atribuían nuestros males al tema de la contaminación, decían que se debía a una mala alimentación, a la época de frío y otras excusas, no iban al fondo del problema. Hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2007 dictó medidas cautelares para los afectados y recién empezaron a relacionarlos con la contaminación", relató.
Representa un precedente
El abogado de las víctimas por Aprodeh, Christian Huaylinos, también dijo estar satisfecho con la decisión de la Corte IDH, pues ha acogido gran parte de las medidas de reparación que solicitaron.
“Representa un precedente internacional en la jurisprudencia por la defensa del medio ambiente y la salud como derechos autónomos y de estricta obligación por parte de los estados. Se trata de una zona que fue considerada la segunda ciudad más contaminada del mundo en 2011. Eso aunado a un deficiente sistema de salud que no estaba enfocado a tratar enfermedades derivadas por metales pesados como cadmio, plomo, arsénico y dióxido de azufre, ha afectado a toda la comunidad”, señaló el letrado.
Lamentó que no todas las víctimas que presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han alcanzado a escuchar la sentencia de la Corte IDH porque varias han fallecido.
“La Corte ha reconocido que dos de estas personas fallecieron producto de la contaminación con metales pesados y ha establecido reparaciones atendiendo esa afectación”, acotó.
Indicó que los peticionarios también fueron víctimas de hostilización, mala información y amenazas. De ahí que el tribunal ha establecido medidas de protección. “Y lo más importante, los reconocen como defensores de derechos humanos y del medio ambiente”, resaltó Christian Huaylinos.
El Estado peruano es responsable
El tribunal de la Corte IDH declaró la responsabilidad del Estado peruano “por la violación de los derechos al medio ambiente sano, la salud y la integridad personal, la vida digna y el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y la protección judicial a las 80 personas del caso, por la violación a los derechos de la niñez en perjuicio de 57 víctimas y por la violación al derecho a la vida en perjuicio de dos víctimas”, dijo la presidenta del tribunal, Nancy Hernández, quien precisó que “esta sentencia constituye por si misma una forma de reparación”.
Entre los 26 puntos señalados por la magistrada está el deber del Estado de promover y continuar las investigaciones respecto a los actos de amenazas y hostigamiento a las víctimas de este caso.
Realizar un diagnóstico de línea base y un plan de acción para remediar los daños ambientales en La Oroya.
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Brindar gratuitamente, por el tiempo necesario, tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a las víctimas de violaciones del derecho a la salud, integridad personal y vida digna.
El Estado también deberá compatibilizar la legislación que define los estándares de calidad del aire para la protección del medioambiente y la salud de las personas.
Asimismo deberá adoptará y ejecutar medidas para garantizar que las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya se realicen conforme a los estándares ambientales internacionales y de conformidad con la legislación nacional. Además de realizar medidas de compensación ambiental y garantizar que los titulares mineros ejecuten sus actividades atendiendo los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y los principios sobre derechos humanos y medio ambiente. Entre otras obligaciones.
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"La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado total cumplimiento a lo dispuesto en la misma", precisó la presidenta del tribunal, Nancy Hernández.
