Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Katy Ugarte por recorte de sueldo a trabajadores

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la congresista del partido político Perú Libre, Katy Ugarte Mamani, por el presunto delito de concusión respecto al recorte de sueldos a trabajadores de su despacho. Ello, como parte de las investigaciones en el caso 'Mochasueldos'.

La Fiscalía sindica a la legisladora del delito de concusión en agravio del Estado. Asimismo, el Ministerio Público precisó que se ha dispuesto la remisión de copias de la carpeta fiscal por el presunto delito de lavado de activos a la Coordinación Nacional Competente.

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Caso Mochasueldos

La congresista Katy Ugarte está siendo investigada por la Fiscalía bajo la presunción de haber cometido el delito de concusión, relacionado con supuestos cobros irregulares que habría realizado a los trabajadores de su despacho. Estos cobros habrían sido para financiar publicidad en medios de comunicación del Cusco, con el objetivo de difundir su trabajo legislativo y mejorar su imagen en esa región.

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Según reportes, los trabajadores de su despacho, incluyendo técnicos y asesores, fueron supuestamente forzados a contribuir con partes de sus salarios.

El caso salió a la luz gracias a una denuncia del programa periodístico 'Cuarto Poder', en el que se reveló que trabajadores de su despacho habían sido obligados a contribuir con montos entre S/200.00 y S/300.00, y los asesores hasta S/400.00, llegando a reunir hasta S/2.000.

Estas contribuciones habrían sido recogidas por Wilber Felices Villafuerte, asistente y persona de confianza de la congresista, quien también estaría siendo investigado como presunto cómplice del delito.

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¿Qué otras congresistas son acusadas de recorte de sueldo a trabajadores?

Además de la congresista Katy Ugarte, otras legisladoras involucradas en el caso de recorte de sueldos a sus trabajadores son:

• Magaly Ruiz (Alianza para el Progeso)
• Rosío Torres (Alianza para el Progreso)
• María Acuña (Alianza para el Progreso)

Las parlamentarias, al igual que Katy Ugarte, han sido acusadas constitucionalmente por el presunto delito de concusión, que implica abusar de su cargo para obligar a sus trabajadores a entregarles parte de su remuneración mensual.