El partido Fuerza Popular presentó una denuncia penal contra el periodista Gustavo Gorriti y los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela Barba, Domingo José Pérez y la suspendida fiscal suprema Zoraida Ávalos. Se les acusa de integrar una presunta organización criminal y se les atribuyen los delitos de cohecho, fraude procesal, tráfico de influencias, abuso de autoridad, omisión de funciones, denuncia calumniosa y otros.
La denuncia es bastante amplia porque también alcanza al expresidente Martín Vizcarra y los exasesores de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, Alejandro Silva y Jaime Villanueva. También al Instituto de Defensa Legal (IDL).
La denuncia indica que existiría "la sospecha razonable acerca de la existencia de una organización criminal de naturaleza flexible y con roles específicos y útiles para sus fines delictivos, integrada por los denunciados".
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La demanda fue interpuesta por la excongresista fujimorista Milagros Takayama Jiménez, en su calidad de representante legal del partido Fuerza Popular. Esta fue presentada ante el Ministerio Público e ingresó el último 20 de febrero.
Milagros Takayama solicitó al interino fiscal de la Nación Juan Carlos Villena Campana el "apartamiento inmediato" de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez de los casos referidos al partido fujimorista.
"Al amparo de los derechos constitucionales, al debido proceso y a la presunción de inocencia, al principio de objetividad fiscal recogido en la Ley Orgánica del Ministerio Público y a los principios de la Ley de la Carrera Fiscal, en mi calidad de representante de la persona jurídica agraviada, solicito se sirva disponer el inmediato apartamiento" de los fiscales del equipo Lava Jato.
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En el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, se tiene previsto el juicio oral por el caso Cocteles. Este involucra a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, e iniciará el próximo 1 de julio. Cabe señalar que el retiro de ambos fiscales afectaría la posición del Ministerio Público.
Finalmente, Fuerza Popular también presentó un pedido a Antonio de la Haza, presidente de la Junta Nacional de Justicia, para que se disponga la medida cautelar de suspensión preventiva inmediata contra los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez.
Este pedido responde a la presunta comisión de "faltas disciplinarias graves que son materia de investigación abierta" por la JNJ. Esto sucede como consecuencia de las indagaciones preliminares que se abrieron contra ambos fiscales a raíz de las declaraciones de Jaime Villanueva.