La Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro rechazó el proyecto de ley presentado por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) a fin de declarar en emergencia y reorganizar el Ministerio Público. A través de un comunicado, señala que la entidad es un organismo constitucionalmente autónomo, encargado de la defensa de la legalidad y de los intereses públicos.
"En cumplimiento de estos preceptos, todos los representantes del Ministerio Público debemos ejercer nuestras funciones de manera independiente, y dicha independencia debe ser garantizada y respetada por todos los poderes del Estado", se dice en el anuncio.
Asimismo, refiere que la Junta de Fiscales Provinciales constituye el órgano colegiado que congrega a los representantes del Ministerio Público al ser la primera línea de prevención y persecución del delito.
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"Respaldamos el pronunciamiento del señor fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana. (...) Rechazamos la propuesta del proyecto de ley que declara en emergencia y reorganización del Ministerio Público, presentado por el congresista Jorge Montoya, por quebrantar el orden constitucional y Estado de derecho", detalla en sus argumentos.
En esa línea, destaca: "Invocamos el respeto a la autonomía e independencia del Ministerio Público que se pretende vulnerar con el gestionado proyecto de ley (…) Ratificamos nuestro compromiso en defensa de la legalidad".
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El 21 de febrero, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, presentó un proyecto de ley para “declarar en emergencia y reorganizar” el Ministerio Público luego de considerar que el Perú “arrastra una crisis histórica institucional endémicamente arraigada en nuestra sociedad”.
“La reciente coyuntura nos ha mostrado un constante enfrentamiento entre importantes órganos autónomos constitucionales como son la Junta Nacional de Justicia y la alta jerarquía del Ministerio Público, enfrascados en constantes litigios constitucionales, que afectan el normal desarrollo de las instituciones y del país”, precisa en su proyecto.
Sobre ello, refiere, además, que la suspensión de Patricia Benavides como fiscal de la Nación ha generado "una grave inestabilidad".
“Esta situación dio lugar a la polémica suspensión de la fiscal de la Nación por parte de la Junta Nacional de Justicia, generando grave inestabilidad en la institución fiscal encargada del control de la legalidad y la persecución del delito”, apunta.
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La Junta de Fiscales Supremos tendrá un plazo de 180 días calendarios para evaluar y separar al personal administrativo y fiscal no idóneo.
"Diseñar e implementar las acciones de reorganización, proponer las iniciativas de reforma legal necesarias para superar las deficiencias y problemática de la organización y el servicio fiscal en el ámbito nacional", se lee entre las modificaciones.
Se dispondrá el cese extraordinario e inmediato de los fiscales supremos titulares al haber perdido la garantía de su permanencia en el servicio por inobservancia de su conducta e idoneidad propias de su función.
Se especifica que se realizará el cese extraordinario e inmediato de los fiscales supremos titulares debido a la pérdida de garantía de permanencia en el servicio. En consecuencia, los cargos de fiscales supremos titulares serán ocupados por fiscales superiores titulares del país, siguiendo el orden de antigüedad establecido por la Ley Orgánica del Ministerio Público.