Según la teoría del Ministerio Público, Jaime Villanueva —entonces asesor de Patricia Benavides— coordinó por Whatsapp con diversos legisladores para cumplir con ciertas misiones que tenía la organización criminal que lideraría la exfiscal de la Nación coludida con el Congreso de la República.
En esos intercambios, se evidencia que el operador Villanueva ya había "hablado" con la bancada de Perú Libre y menciona a un tal ‘Vlady’, quien habría conversado en representación del grupo político. El asesor le habría informado a la Fiscalía que se refería a Vladimir Cerrón Rojas, secretario general del partido del lápiz.
De acuerdo con un documento difundido por Epicentro TV, entre esas conversaciones, se pactó un cambio de favores en el que Cerrón Rojas habría pedido que el fiscal de uno de los casos que tenía en Junín por corrupción no asistiera a la audiencia en julio de 2023 para que el caso prescribiera. A cambio de ello, él garantizaba el apoyo de su agrupación parlamentaria en la votación de inhabilitación contra Zoraida Ávalos.
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Foto: Epicentro TV
"Respecto de Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, ante la petición de la ahora investigada (Patricia Benavides), trasladada por medio de su asesor, condicionó el influir sobre sus correligionarios y miembros del Parlamento, a cambio de que lo ayuden en el proceso que se le venía siguiendo en Junín por hechos de corrupción, puntualmente solicitada que se gestara la inconcurrencia del fiscal responsable a la audiencia de juicio oral del 26 de julio de 2023. Tal proceder no puede, sino contrastarse con el delito de tráfico de influencias", se lee en un escrito de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios.
Información obtenida por La República detalla que, el 6 de junio de 2023, un congresista le dijo a Jaime Villanueva que “sendos parlamentarios querían una señal del archivo de sus investigaciones”.
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Esta data se encuentra en el acta de allanamiento que se realizó contra las oficinas de Patricia Benavides y sus asesores porque liderarían una organización criminal en la que también se buscaba el archivamiento de investigaciones fiscales contra varios legisladores.