Imelda Tumialán: "Está en juego la defensa de la institucionalidad, de la independencia judicial"

El 2023 fue complicado para la Junta Nacional de Justicia (JNJ), señala su presidenta, Imelda Tumialán, dos días antes de entregar el cargo a su sucesor, Antonio de la Haza, a quien le toca liderar el proceso para evaluar y definir a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), entidades que serán fundamentales en las próximas elecciones.

Precisamente por eso, Tumialán considera que en el año que pasó se intensificó la persecución a la JNJ en el Congreso, buscando la remoción de todos sus miembros a través de diversos mecanismos.

Comentó que los primeros tres años se concentraron en organizar, expedir los reglamentos para sus funciones de selección y nombramiento de jueces y fiscales a nivel nacional, ratificación y evaluación, entre otras actividades, como el trabajo de la comisión especial para revisar la idoneidad de los casos que había visto el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

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“Este año justo debemos evaluar el accionar de los que hemos nombrado el 2020 (en la ONPE y Reniec), renovarles o convocar a otros”, dijo. Indicó que otro aspecto que puso en la mira a la JNJ fueron las investigaciones preliminares más emblemáticas que se iniciaron el año pasado, como las indagaciones a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ente otras.

Precisó que la JNJ definirá el mecanismo a seguir en el marco de la norma vigente, que señala que, al cumplir los cuatro años de su nombramiento, se realiza un proceso de evaluación, que puede culminar en su ratificación o la convocatoria para nombrar a otros.

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Sostuvo que el 2023 fue un año difícil por las denuncias constitucionales contra la JNJ, las mociones y la investigación sumarísima que les iniciaron en el Congreso, así como la investigación preliminar en la Ministerio Público a raíz de una supuesta presión para que el presidente del Poder Judicial emitiera un comunicado en respaldo de la fiscal Zoraida Ávalos a fin de que no sea inhabilitada por el Parlamento, la cual fue desmentida por el propio titular de ese poder del Estado.  

“Está en juego la defensa de la institucionalidad, de la independencia judicial, que es un principio básico de un Estado democrático y garantiza los derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso. Personalmente, sí, ha sido un año difícil, pero hay que tener la firmeza de defender los principios de un Estado constitucional”, recalcó. Más detalles mañana en La República impresa y web.