La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó por unanimidad la suspensión por 6 meses de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, en el marco de las investigaciones que se le siguen por el caso Operación Valkiria V, iniciado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (Eficcop), cuando lo dirigía la fiscal Marita Barreto.
La decisión la adoptó la JNJ, luego de que en horas de la mañana Benavides se presentó ante el colegiado junto con su abogado, el excongresista aprista Jorge del Castillo Gálvez. Benavides y su defensor frustraron la diligencia para recoger los descargos de la fiscal de la Nación, arguyendo que no se habían resuelto incidencias vinculadas con el proceso.
Pero este incidente no detuvo la actuación de los integrantes de la JNJ.
Resolución completa. El Pleno de la JNJ procedió a la suspensión por unanimidad. Foto: JNJ
“En el marco de sus funciones constitucionales, la Junta Nacional de Justicia decidió por unanimidad, con resolución debidamente motivada, disponer la suspensión provisional por seis meses de la señora Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema del Ministerio Público y, en consecuencia, en el cargo de fiscal de la Nación”, señala el comunicado de la JNJ difundido alrededor de las 11 p.m. del miércoles.
“La medida cautelar de suspensión preventiva se da en el marco del procedimiento disciplinario inmediato iniciado a la señora fiscal Benavides Vargas (por el caso Valkiria V), con la finalidad de asegurar el normal desarrollo del mismo, impedir su obstaculización y garantizar la eficacia de la resolución final”, añade el comunicado.
“La JNJ actúa en estricto cumplimiento de la Constitución, su Ley Orgánica y su Reglamento de Procedimientos Disciplinarios, garantizando el debido proceso y cautelando el derecho de defensa de la investigada y el interés público”, concluye el escueto comunicado.
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El martes, Patricia Benavides se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y no solo negó los hechos, sino también afirmó que ninguno de los chats de su exasesor Jaime Villanueva la implicaba en acciones delictivas. Pero Villanueva ha declarado, como parte del proceso de colaboración eficaz, que Benavides lo sabía todo y coordinaba con ella misma.
La titular del Ministerio Público y su abogado, Jorge del Castillo, se presentaron ante la JNJ para exponer sus argumentos de defensa; sin embargo, se retiraron sin exponer nada, alegando que no se estaba cumpliendo con el debido proceso.
Del Castillo dijo que se interpusieron dos recursos de nulidad y de inhibición que no se habían resuelto. “Esta sesión no se puede realizar si no se resuelven previamente los recursos presentados”, señaló.
Aldo Vásquez, quien dirigía la sesión —la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, no participó al ser la instructora del caso—, respondió que el recurso de inhibición ya había sido resuelto y notificado “hoy (ayer) en horas de la mañana”.
Ante ello, Del Castillo insistió en que responder “minutos antes de que se inicie esta sesión no es lo más regular que digamos”. Vásquez replicó que el plazo para resolver una inhibición es de cinco días y que el Pleno había resuelto el recurso incluso antes de la presentación de Benavides.
Entonces, Del Castillo anunció que dejarían la sala porque no estaban dadas las garantías para un debido proceso. Se justificó afirmando —como hizo el martes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso— que ya existía una “sentencia” para proceder con la suspensión preventiva de la fiscal de la Nación.
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Pero en realidad lo que existe es una propuesta de medida cautelar de suspensión preventiva, que ha planteado Tumialán en su calidad de instructora.
El Pleno del Congreso no admitió a debate la moción del congresista Esdras Medina para que la Comisión de Justicia investigue a los miembros de la JNJ.
Se necesitaban 64 votos, pero votaron 56 a favor, 38 en contra y 15 se abstuvieron, y con eso la moción fue rechazada, por lo que esta vez no funcionó el blindaje a favor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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La Junta de Portavoces había priorizado la moción del parlamentario Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario), que proponía otorgar un plazo de 10 días hábiles a la Comisión de Justicia para investigar a los miembros de la JNJ por supuesta causa grave ante un posible conflicto de intereses de la JNJ, pero, finalmente, el Pleno del Congreso decidió desestimar esa moción, que tuvo respaldo de fujimoristas.