Ante la información —respaldada por la tesis del Ministerio Público— de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría intentado influir en la elección del defensor del Pueblo, a través de la organización criminal que presidiría desde la cúpula de la institución, Josué Gutiérrez rompió su silencio para desmarcarse de cualquier posible apoyo a su candidatura. Aseguró que, en los polémicos chats de Jaime Villanueva, ex asesor del MP, “nunca se le menciona”.
“En los chats se habla de un proceso de selección en el que ni me mencionan; es más, mencionan a otro candidato que estaba compitiendo conmigo. No olvidemos que todo está en investigación, pero parece que eso apuntaba más a otra persona que a mí”, declaró a RPP.
Por ello, el defensor del Pueblo descartó que vaya a renunciar: “No (voy a renunciar), no tengo nada que ver en este proceso que podría ser deslegitimado si todo lo especulado fuera cierto”.
En tanto, Josué Gutiérrez insistió en que los chats evidencian que existía un interés por elegir a otro candidato, en referencia a Jorge Luis Rioja Vallejos. Recuerda que incluso, tras su elección, comentaron que no querían que él presida el proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y que para ello se elegiría a uno de los magistrados del Tribunal Constitucional: “Yo veo un despropósito de agraviar y deslegitimar a la institución (Defensoría)”.
De acuerdo al documento fiscal al que tuvo acceso La República, existen una serie de chats en los que Jaime Villanueva afirma ser la única persona que podía hacer coordinaciones a nombre de Patricia Benavides, en el marco de las gestiones de la presunta red criminal que operaba en el máximo nivel del Ministerio Público. Se buscaba influir en el proceso de selección del nuevo defensor del Pueblo.
“Nosotros tenemos información de que Rioja es más cercano a ustedes y eso nos parece una mejor garantía para el trabajo coordinado. ¿Es cierta la información que tenemos? Nosotros apoyamos a la opción que nos garantice un trabajo coordinado. Vamos por Rioja, nosotros también haremos incidencia por él”, se lee en uno de los chats en los que el mencionado asesor se comunica con un contacto en el Congreso para influir en la designación del defensor del Pueblo, función exclusiva del Parlamento.
Foto: chats de Jaime Villanueva
Foto: chats de Jaime Villanueva
Por otro lado, Josué Gutiérrez negó tener un vínculo con Patricia Benavides o su operador Jaime Villanueva, quien se encuentra en la Prefectura bajo detención preliminar por 10 días: “Yo no conocía Patricia Benavides. (¿A Jaime Villanueva?) Tampoco. Yo trabajé en el Congreso como asesor parlamentario de la Comisión de Justicia y conocí a otras personalidades, en ese tiempo no conocí a la Dr. Benavides. Por lo menos de vista, aunque no tuvimos ninguna relación”.
PUEDES VER: Patricia Benavides: chats prueban implicación de fiscal de la Nación con prácticas corruptas
De acuerdo con la tesis fiscal, Patricia Benavides está siendo investigada por haber influenciado de forma ilícita en la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en la designación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, e inhabilitación de Zoraida Ávalos por el Congreso de la República. Este caso también involucra a Jaime Javier Villanueva Barreto, asesor de la fiscal de la Nación, quien sería su operador y vocero para las coordinaciones en el Legislativo.
El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo instó —a través de un pronunciamiento— a Josué Gutiérrez, actual defensor del Pueblo, a presentar su renuncia y someterse a las investigaciones frente a la denuncia que indica que la red criminal que presidiría la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría influido en el proceso de selección que lo dio como ganador tras una votación en el Pleno.
Documento del Sindicato de la Defensoría. Foto: Wilber Huacasi
“Como Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, alzamos nuestra voz para manifestar nuestro absoluto rechazo frente a una situación que consideramos insostenible; exigimos al señor Josué Gutiérrez Cóndor que se aparte del cargo de defensor del Pueblo y se someta a una investigación que, con las debidas garantías, establezca las responsabilidades a que hubiera lugar”, se lee en el documento.