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Política

Dina Boluarte, su distanciamiento con Pedro Castillo y su tregua con el Congreso

La asunción de la exministra es, por ahora, la garantía para que el Ejecutivo y el Legislativo se queden hasta el 2026. Es una “tregua democrática”.

Dina Boluarte juramentó como nueva presidenta de la República. Foto:Congreso
Dina Boluarte juramentó como nueva presidenta de la República. Foto:Congreso

La asunción de Dina Boluarte a la presidencia de la República es el desenlace una cronología de hechos que permiten explicar cómo la exministra de Inclusión Social se fue alejando de el vacado Pedro Castillo y cómo la oposición del Congreso le fue abriendo los brazos para que sea la sucesora en Palacio.

El 29 de noviembre fuentes cercanas a Boluarte aseguraron que, en caso Castillo fuera destituido, “ella cumplirá lo que diga la Constitución”. Y así fue finalmente. Boluarte no iba a dar un paso al costado y convocar a nuevas elecciones generales cuando la vacancia fuera consumada.

La relación entre Boluarte y Castillo, según las mismas fuentes abordadas, se había enfriado. La exministra ya no formaba parte del círculo de confianza del entonces presidente. Había intentado conversar con Castillo para calmar las aguas de la gresca política con la oposición, pero sin éxito.

Boluarte, además, se había negado a firmar el acta de Consejo de Ministros que aprobó la cuestión de confianza por la ley de referéndum y tampoco que el Ejecutivo interprete que había gastado la primera bala de plata con el fin de disolver el Congreso.

“Ella sintió que su presencia ya no era necesaria”, dijeron las mismas fuentes. Por eso, cuando Castillo recompuso su gabinete, Boluarte decidió no continuar.

La condesdencia del Congreso

Mientras eso, en el Parlamento, las bancadas de Acción Popular y Somos Perú, que en principio, tuvieron posturas a favor de su denuncia por el Caso Club Apurímac, dieron un giro.

El informe final del congresista Edgar Reymundo, de Cambio Democrático, recomendó archivar este caso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El expediente recibió 11 votos a favor y ocho en contra.

No solo los legisladores de izquierda votaron a favor. También los apoyaron tres congresistas de Acción Popular: Wilson Soto, Luis Aragón y José Arriola. A ellos se sumó Hitler Saavedra, de Somos Perú.

Tres parlamentarios de Perú Libre, partido del que fue expulsado Boluarte, también apoyaron que el caso sea archivado: Segundo Montalvo, Margot Palacios y Flavio Cruz.

La denuncia constitucional en el caso Club Apurímac, impulsada por Avanza País y Renovación Popular, apuntaba a inhabilitar a Boluarte de la función pública y dejar el camino libre para el Congreso, luego de la vacancia de Pedro Castillo, pero con el informe de Reymundo aprobado, la acusación se enfrió. Aún falta que sea discutida en la Comisión Permanente.

La vacancia y las especulaciones

El 1 de diciembre el Pleno admitió la moción de vacancia presidencial y citó para este miércoles a Castillo al hemiciclo para que se defienda y luego de vote su destitución.

Hasta el martes 6, era imposible que la oposición logre los 87 votos para derrocarlo. Sin embargo, fuentes de Palacio comentaron que Castillo previó un posible cambio de postura en Perú Libre a favor de la vacancia. Se desconoce de dónde sacó esa versión el expresidente. Vladimir Cerrón, líder del partido del lápiz, había anunciado que su bancada iba a votar en contra.

El expresidente tomó conocimiento de un supuesto acercamiento entre Cerrón y Boluarte. Al cierre de esta nota, esa versión no pudo confirmarse. El expresidenta ya había tomado la decisión de cerrar el Congreso antes que el Pleno vote su destitución.

Lo demás es historia conocida: Castillo intentó dar un golpe de Estado, Cerrón y Boluarte condenaron esa maniobra. La mayoría de Perú Libre terminó votando a favor de la vacancia y Boluarte asumió la presidencia de la República.

Boluarte ha pedido una tregua con la oposición. Ha reafirmado, además, que juramenta en el cargo hasta final de este quinquenio, un gesto que evidencia que su asunción es, por ahora, la garantía para que el Ejecutivo y Congreso se queden hasta el 2026.

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