La Primera Sala Constitucional de Lima revisará en los próximos días el habeas corpus que interpuso el presidente de la República, Pedro Castillo para archivar la denuncia constitucional en su contra por presunta “traición a la patria”.
Si bien el último 28 de abril el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Juan Torres Tasso, desestimó el recurso de Pedro Castillo, en su resolución también admitió su apelación. Ahora, otro tribunal superior será el que evalúe si procede o no el archivamiento.
Dicho proceso inició luego de que Castillo declarara en CNN —el 28 de enero de este año— la posibilidad de darle acceso al mar a Bolivia.
PUEDES VER: Contraloría advierte posible conflicto de intereses entre subsecretario presidencial y proveedor de Palacio
Un mes después, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedente la denuncia constitucional contra el mandatario por el supuesto delito de traición a la patria.
Este último lunes, el congresista Wilson Soto (Acción Popular) anunció que presentó el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas ante el mencionado grupo parlamentario.
El acciopopulista, en su calidad de delegado de este caso, señaló que se convocarán audiencias para elaborar un informe final con el propósito de denunciar al mandatario ante la Comisión Permanente. Posteriormente, el proceso pasará a debate en sesión del Pleno.
Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, indicó que la denuncia constitucional tenía como sustento “una ley derogada, ya que su defendido no es militar ni policía en actividad”.
“Pedro Castillo no mencionó la palabra soberanía ni afirmó entregarle soberanía al mar a Bolivia para que el territorio nacional sea alterado”, dijo Pachas durante la primera apelación en el Noveno Juzgado Constitucional de Lima.
“Los informes de la Comisión Permanente no han descrito línea por línea la entrevista que tuvo el presidente (con CNN). Es solo un resumen de lo que les conviene y no ponen toda la conversación”, acotó en respuesta a la denuncia constitucional que aprobó el Congreso en contra de Castillo.