El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública emitió una nueva resolución, esta vez disponiendo el envío al Ministerio Público del expediente sobre el incumplimiento de la Ley de Transparencia, por parte del congresista José Balcázar, en el proceso de selección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC).
La resolución 1234-2022 fue notificada ayer al Congreso. En el documento se resuelve remitir “al Ministerio Público copia de los actuados” para que este organismo actúe “en el marco de sus competencias”.
La decisión es tomada debido a que el Congreso, en forma reiterada, adoptó medidas para no cumplir con la Ley de Transparencia. Esto por decisión de José Balcázar, presidente de la Comisión especial de selección de los miembros del TC.
El pasado 17 de febrero, solicitamos a la comisión que preside Balcázar las copias de los informes que había elaborado la Contraloría sobre los candidatos para el TC.
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El 3 de marzo, el Congreso remitió un oficio de respuesta informando que no era posible la entrega de la información, supuestamente por ser “confidencial”.
Fue por ello que derivamos el caso, en apelación, al Tribunal de Transparencia.
Este organismo emitió una primera resolución (938-2022), ordenando al Congreso la entrega de la documentación. Si el legislador Balcázar consideraba que parte de la información era confidencial, tenía que haber tachado solo esos extremos.
La orden del tribunal fue notificada el 20 de abril. Había un plazo de 7 días hábiles para el cumplimiento del fallo.
Este plazo venció el 29 de abril. El legislador de Perú Libre decidió no acatar el fallo del Tribunal de Transparencia, ocultó la información y el concurso para el TC seguía caminando con secretismo.
Recién el lunes 9 de mayo, con el plazo ya vencido, el Congreso hizo llegar al autor de este informe un documento de Balcázar donde supuestamente cumple con entregar los informes de la Contraloría.
Falsa alarma. El legislador remitió las 857 páginas de la documentación, pero más del 80% de las páginas habían sido tachadas. Había un claro propósito de ocultar información.
Esto fue puesto en conocimiento del Tribunal de Transparencia. Y es que esta instancia había advertido en su primera resolución que, si no cumplían con la entrega, el caso sería enviado al Ministerio Público, para el inicio de investigaciones.
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En consecuencia, ahora Balcázar y quienes adicionalmente resulten responsables serán investigados por no haber cumplido con la Ley de Transparencia durante el desarrollo del concurso para el TC.
Los presuntos delitos son de abuso de autoridad y desobediencia a la autoridad, esto último supone una pena de hasta seis años privativos de libertad.
Entre tanto, ayer juraron cinco de los nuevos miembros del TC ante el presidente saliente de este organismo, Augusto Ferrero Costa, en una ceremonia absolutamente secreta.
Participaron en este acto los nuevos jueces Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, Luz Pacheco, César Ochoa y Helder Domínguez. Manuel Monteagudo acudió a la cita, pero aún no juró para el cargo.
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La ceremonia se realizó en la sede institucional del TC, a las 2 p.m. Se trató de un acto casi clandestino: ni siquiera los magistrados salientes fueron avisados de esta actividad.
Muy al contrario, los magistrados salientes habían tenido un pleno virtual desde las 8:30 a.m. y habían acordado que la ceremonia de juramentación se realizará el 18 de mayo, según relato a este diario la abogada Marianella Ledesma.
Incluso hubo deliberación sobre la entrega de expedientes. “Hubo una propuesta para que las firmas sean en físico y los documentos se remitirían a los domicilios, pero al final, se acordó que las firmas serían digitalmente”, detalló Ledesma.
Ella misma tenía plazo hasta el lunes al mediodía para entregar su voto en un caso. Ahora, con la juramentación ya realizada, precisa que ya dejó de ser magistrada. “Ya no puedo entregar ni firmar nada”, apuntó.
“El doctor Ferrero ha desconocido el acuerdo de sus colegas”, protestó.
Por la mañana, Ferrero les dijo a los magistrados que el pleno virtual tenía que culminar a las 10:30 a.m. porque, supuestamente, tenía un evento académico. Una versión desde el mismo TC es que ya hubo coordinaciones previas para la juramentación entre Ferrero y los nuevos jueces e, incluso, luego del acto se fueron a almorzar.
Ayer, La República estableció comunicación telefónica con el presidente saliente del TC, Augusto Ferrero Costa, quien tomó juramento a los nuevos jueces. Al ser consultado sobre el secretismo de esta reunión, el abogado evitó dar respuesta y consideró que la pregunta, según él, era una “falta de respeto”.
Según la saliente magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma, la juramentación de los nuevos magistrados, que se realizó ayer bajo absoluta reserva, sería ilegal.
Explicó que, si bien el artículo 19 de la Ley Orgánica del TC establece que los nuevos magistrados juran ante el presidente de este organismo, Ledesma apuntó que no se trata de un acto aislado.
“El presidente actúa en representación del pleno del TC”, detalló. Ayer por la mañana, los magistrados que están de salida ya habían deliberado y tomado acuerdos sobre la transferencia de los expedientes, bajo el criterio de que la juramentación sería el 18 de mayo. Augusto Ferrero vulneró este acuerdo.
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El Tribunal de Transparencia resolvió enviar el caso a la Fiscalía, para que investigue incumplimiento de la ley.
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