Proponen que Pedro Castillo nombre ministros en un plazo de 24 horas en caso de censura o renuncia
La bancada de Acción Popular presentó el proyecto de reforma constitucional para que el presidente Pedro Castillo solo tenga un plazo de 24 horas para nombrar ministros de Estado.
La bancada de Acción Popular presentó, este martes 3 de mayo, un proyecto de reforma constitucional que establece procedimientos a la facultad del presidente de la República de nombrar nuevos ministros en un tiempo estrictamente necesario. La iniciativa de la congresista acciopopulista Hilda Portero López indica que, el mandatario Pedro Castillo, solo debería tener un plazo de 24 horas para nombrar a los titulares de las carteras ministeriales en caso de que sea censurado por el Congreso o renuncie al cargo.
Se trata del proyecto n° 1926/2021-CR, que plantea modificar el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, en el nombramiento y remoción del presidente del Consejo de Ministros y otros ministros de Estado.
“El presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo. Nombra y remueve a los demás ministros. Asimismo, el nombramiento ministerial se deberá ejecutar en el plazo legal establecido, cuando se culmine las funciones del titular ministerial por renuncia, cese o censura”, reza la modificación que planea Acción Popular.
Fundamentos de la propuesta
La bandada de Acción Popular, entre los fundamentos de la propuesta, sostiene que existe una demora del presidente Pedro Castillo en la designación de los nuevos titulares de las carteras ministeriales en renuncia o cese del cargo. En esa línea, la agrupación menciona que tampoco se encarga a otros ministros para que estén en dicha cartera de forma interina.
“Esta situación ha sido criticada por la clase política y la población que reclama por los riesgos de dicha demora; por lo que, resulta ser urgente’ y ‘prioritario que se den dichos nombramientos para asegurar eficientemente la continuidad en la ejecución de las políticas públicas de estas carteras ministeriales y concretar el principio constitucional de buena administración de la función pública”, se lee en la propuesta.
