Denuncian constitucionalmente a Walter Gutiérrez por contratos de su empresa con el Estado

La bancada de Perú Democrático presentó este lunes una denuncia constitucional contra el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, por los contratos que suscribió la empresa Gaceta Jurídica entre 2016 y 2020. En dicho lapso, el abogado habría contado con más del 30% de acciones de la compañía.

En diálogo con La República, el vocero de Perú Democrático, Carlos Zeballos, indicó que, además de los contratos, se acusa al saliente defensor del pueblo de parcialidad política, en referencia a las constantes críticas al Gobierno del presidente Pedro Castillo.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“(También) se le está cuestionando por su ámbito empresarial. Él era dueño y propietario de algunas editoriales, como la Gaceta Jurídica, la cual habría contratado con la Contraloría del Estado. Nosotros hemos presentado el día de hoy una denuncia constitucional contra él debido a esos puntos”, dijo.

“Tendría cuatro o cinco empresas donde figura como parte del directorio. Él debió renunciar así tenga un 2% (de acciones). Por ética, debió renunciar”, agregó Zeballos Madariaga.

Empresa de Walter Gutiérrez contrató con el Estado pese a prohibiciones

En un dictamen de noviembre de 2021 al que accedió Epicentro TV, la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) advierte que Gaceta Jurídica contrató en 11 oportunidades con el Estado desde la designación de Walter Gutiérrez como defensor del pueblo.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, los miembros de los organismos autónomos —como la Defensoría— están impedidos de participar en todo proceso de contratación pública mientras ejerzan el cargo y hasta 12 meses después de dejar el puesto.

“Se advierten indicios de la comisión de una infracción a la normativa de contrataciones del Estado, tal como lo señala el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece que contratar con el Estado a pesar de encontrarse impedido, conforme a ley, constituye una infracción pasible de ser sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado”, se lee en el documento.