La exministra de Cultura y familia de una víctima del caso La Cantuta, Gisela Ortiz, aseguró este viernes que en el fallo del Tribunal Constitucional a favor de liberar al exdictador Alberto Fujimori se priorizaron las preferencias políticas de los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero sobre los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
“Lo que nosotros tenemos que lamentar son estas decisiones que toman instituciones del Estado sin tomar en cuenta los derechos que nos asisten a nosotros que también somos peruanos y peruanas. Lo que demuestran más bien son las preferencias políticas de algunos magistrados y la fragilidad de nuestras instituciones, que no garantizan la legalidad ni la constitucionalidad de las normas”, dijo Ortiz Perea en diálogo con TV Perú.
El último jueves, el TC declaró, por mayoría, fundado el habeas corpus a favor de Fujimori. Votaron a favor de la excarcelación del exdictador Blume Fortini (ponente), Sardón de Taboada y Ferrero Costa, quien reconoció haberse reunido con Keiko Fujimori antes de ser elegido magistrado.
En ese sentido, Gisela Ortiz sostuvo que “no hay argumentos jurídicos para pensar que el indulto que se diera en diciembre de 2017 es válido” debido a que la Corte Suprema, en el 2018, “demostró en su propia sentencia que este indulto fue parte de una negociación política, que no cumplía los requisitos para el trámite y que no había razones médicas para justificarlo”.
“¿Qué puede haber cambiado de esa fecha para que ahora el TC —además con tres votos de magistrados que tienen cuestionamientos justamente por su afinidad política con el fujimorismo— haya dispuesto regalarle una libertad que no le corresponde a Alberto Fujimori?”, criticó la extitular del Mincul.
Según fuentes de La República, Alberto Fujimori podría dejar el penal de Barbadillo, donde purga la condena de 25 años de prisión por los crímenes en Barrios Altos y La Cantuta, a partir del próximo lunes 28 de marzo.
El expresidente dejaría el recinto penitenciario luego de que se publique y difunda la resolución de la sentencia en la que los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero fallaron a favor del habeas corpus que interpuso el abogado Gregorio Parco, solicitando que se revoque la decisión del Pode Judicial que anuló el indulto otorgado por PPK el 24 de diciembre de 2017.