Pedro Castillo mantiene a 5 ministros cuestionados
Poder Ejecutivo. Ministros cerronistas Hernán Condori y Carlos Palacios son investigados por presunta corrupción. José Gavidia y Juan Silva tienen denuncias por violencia. Y Ángel Yldefonso registra faltas en su paso como procurador en Áncash.
El nuevo gabinete del gobierno de Pedro Castillo tiene aún a cinco ministros que registran denuncias o tienen investigaciones fiscales en curso, sin que desde Palacio se haya adoptado medida alguna.
Los casos más críticos corresponden a Hernán Condori Machado (Salud) y Carlos Sabino Palacios Pérez (Energía y Minas). Ambos llegaron al gabinete solo por ser cercanos a Vladimir Cerrón. Ambos son investigados por presuntos actos de corrupción.
Sobre Hernán Condori, el caso ya pasó a la etapa de formalización de la investigación, mediante una resolución emitida el 27 de octubre del 2021, por la fiscal de La Merced (Junín) Sarita Flor Jara Beteta, según informó Epicentro TV.
Es decir, ya hubo una primera etapa de investigación preliminar y la fiscal a cargo terminó de recabar los elementos de convicción, por lo cual ha detectado indicios razonables sobre la comisión del delito y ha identificado a los presuntos responsables.
Junto con Hernán Condori son investigados en Junín Marisol Inés Gutarra Chalco, Juana Yolanda Cahuana Morales, Renato Antonio Carrión Wissar, Junnyor Luis Rodríguez Recuay y Humberto Gozar Herrera.
Todos ellos son investigados por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de cobro indebido y negociación incompatible. Los hechos investigados corresponden al año 2019, cuando Hernán Condori ocupaba el cargo de confianza de director de la Red de Salud de Chanchamayo.
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Desde esta entidad convocaron a un concurso para contrataciones de personal para el hospital Julio Demarini. En el proceso hicieron cobros indebidos de 10 y 20 soles a los postulantes por derecho de trámite. Asimismo, el grupo investigado habría tomado interés para favorecer a un grupo de personas.
El caso ha sido declarado como investigación compleja.
Consultado sobre el ministro Hernán Condori, quien además es conocido por promover la pseudociencia, el jefe del gabinete de ministros, Aníbal Torres, dijo que está en evaluación, sin que a la fecha se hayan adoptado medidas correctivas con respecto a su designación.
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El otro ministro cerronista investigado por corrupción es Carlos Sabino Palacios Pérez (Energía y Minas). La Fiscalía acaba de abrir una investigación preliminar por presunto delito de peculado.
La resolución fue emitida el jueves 17 de febrero para el inicio de una investigación por el plazo de 120 días. Según la documentación a la que accedió La República, los investigados son el gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela (del partido Perú Libre), y Carlos Palacios Pérez, quien se estuvo desempeñando como director regional de Energía y Minas.
El caso tiene que ver con el presunto incremento remunerativo del personal CAS en dicha sede regional, aparentemente sin contar con el respaldo legal.
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El expediente se abrió a raíz de la información enviada en enero por la Quinta Fiscalía Penal de Junín al subsistema anticorrupción del Ministerio Público en dicha región.
Ambos investigados llegaron al gabinete como parte de la cuota de Vladimir Cerrón.
Violencia familiar
A ellos se suman los dos ministros denunciados por violencia: José Gavidia Arrascue (Defensa) y Juan Silva Villegas (Transportes).
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El primero fue denunciado por su esposa por violencia psicológica. Esta semana dijo a la prensa que el caso fue resuelto mediante una conciliación y la documentación ha sido enviada al premier Aníbal Torres.
El segundo, Juan Silva, fue denunciado el 28 de marzo del 2011 por la madre de sus hijos por violencia familiar.
Luego de varios días de silencio sobre el tema, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó ayer un comunicado en el que informa que la madre de los hijos de Juan Silva ha firmado una declaración jurada el 17 de febrero desmintiendo la denuncia.
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“Nunca existió maltrato ni agresión o violencia alguna, tanto físico o psicológico contra mi persona o mis menores hijos”, es la frase que contendría la declaración jurada, según el comunicado del MTC.
Finalmente, está el caso del ministro de Justicia, Ángel Yldefonso, quien reporta 78 faltas en la etapa en que se desempeñó como procurador del gobierno regional de Áncash, según información de esta entidad.
El jueves último, vía Twitter, Yldefonso manifestó: “No he tenido sanciones penales ni administrativas”. De hecho, los casos no siguieron su curso por los cambios que hubo en el sistema de defensa jurídica del Estado, según el portal El Foco.
Renuncia la viceministra de Transportes
Fabiola Caballero Sifuentes renunció ayer al cargo de viceministra de Transportes con una carta en la que advierte una de serie anomalías en el sector, desde el inicio del gobierno del partido Perú Libre.
“El sector Transportes no puede estar sujeto al copamiento laboral de ciudadanos que no reúnen los méritos y las capacidades técnicas requeridas para garantizar la eficiencia de la gestión”, expresa.
La renuncia surge, además, luego de la revelación de Latina sobre conversaciones para el reparto de empleos desde la misma sala de reuniones del despacho del ministro de Transportes, Juan Silva. Y él dice que no sabía nada.
Renuncias en la cartera de Transportes. Foto: composición/MTC
