CPP sobre Radio PBO: “MTC no combate la informalidad como debiera porque lo hace con atraso”

Rodrigo Salazar Zimmerman, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), se pronunció sobre el allanamiento y descerraje de Radio Tigre S. A. C. (Radio PBO) y se mostró a favor de que el Ministerio Público y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) hayan realizado esta operación, pero cuestionó haberlo hecho en este momento, pues desde el 2019 no tiene autorización para operar.

”La operación, el resultado es aceptable. Es entendible que el Ministerio Público pueda ejecutar ese tipo de acciones, eso es incontrastable. Lo que queda en duda es el momento que se le elige o la oportunidad que se elige para llevar a cabo estas acciones. Esta radio no tenía licencia desde el 2013 y el 2019 no fue autorizada para operar. ¿Por qué dos años después se llega a realizar esto?”, señaló en diálogo con RPP.

Asimismo, Salazar Zimmerman deslizó que esto puede traer dudas a colación, pues aseguró que existen muchas radios en la misma condición de informalidad. Por tal motivo, recordó que el MTC informó que ha dejado inoperativas 22 estaciones de radio en los últimos meses, de las miles que existen en el país.

“Esto abre una discusión adicional. El MTC no está combatiendo la informalidad como debiera porque lo hace con atraso y con confusión”, agregó el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana.

CPP pide explicaciones a la Fiscalía y al MTC

El último 26 de enero, mediante un comunicado, el CPP ha pedido al Ministerio Público y MTC que brinden detalles y explicaciones públicas tras el allanamiento y descerraje a la Radio PBO.

La entidad indicó que “será siempre defensora de la formalidad en la industria de las comunicaciones”. Por ello, enfatizó que reconoce que, al allanar y descerrar una radio que carece de autorización o licencia de funcionamiento, se está cumpliendo un procedimiento que se ajusta a la Ley de Radio y Televisión“, pero volvió a cuestionar el tiempo en el que se tomó esta medida.

“La Fiscalía y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones deben explicar tanto el retardo como la oportunidad para llevar a cabo las acciones tomadas”, se lee en el pronunciamiento.