Esterilizaciones forzadas: amplían por 8 meses investigación contra Alberto Fujimori

El juez Littman Ramirez Delgado del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio ha decidido ampliar la investigación contra el expresidente Alberto Fujimori y los ministros que trabajaron durante su gestión Eduardo Yong, Alejandro Aguinaga (actual congresista por Fuerza Popular), Marino Costa y Ulises Jorge por el caso esterilizaciones forzadas por el plazo de 8 meses, ya que es considerado como “caso complejo”.

Así, la decisión judicial emitida el 6 de enero expone: “Declarar de oficio compleja la causa penal seguida contra Alberto Fujimori Fujimori y otros por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud - lesiones graves seguidas de muerte en un contexto grave de violación de derechos humanos”.

En el documento, el magistrado explica que tras la revisión del expediente, su despacho verificó que se concurre en cuatro causas legales para que se declare su complejidad: “(I) el importante número de procesados y sujetos pasivos, (II) la cantidad de medios de prueba por actuar o recabar, (III) las gestiones de carácter procesal a tramitar y (IV) las pericias a realizarse sobre los 735 sujetos pasivos comprendidos”.

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Por ello, también se ordena que se reprogramen las fechas para la realización de las acciones de investigación que fueron admitidas en audiencia de presentación de cargos, del mismo modo se hará con las que serán ofrecidas por las partes procesales en su momento.

Víctimas de esterilizaciones forzadas no encuentran justicia tras más de 20 años

Las más de 1.500 víctimas de esterilizaciones forzadas continúan reclamando justicia no solo para ellas, sino también para las familias de las que fueron sometidas al programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) durante el régimen de Alberto Fujimori y fallecieron al no recibir instrucciones ni supervisión del procedimiento que les estaban realizando.

Este programa tenía el objetivo de modificar el comportamiento reproductivo de la población empobrecida, indígena y de zonas rurales quechuahablantes, para lo cual se realizó campañas masivas e incentivos sin brindar la información completa a las víctimas e incluso amenazándolas.