El presidente de la República, Pedro Castillo, mantuvo una reunión el pasado 18 de octubre con el gerente de Heaven Petroleum Operators (HPO), Samir Abudayeh Giha, quien días después ganó una licitación de US$ 74 millones. Ese mismo día, de acuerdo a los registros del portal de Transparencia difundidos por Panorama, también estuvo el gerente de Petroperú, Hugo Chávez, la empresaria Karelim López, y Gregorio Sáenz, miembro de la Junta Nacional de Palmicutores.
Al respecto, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) exigió que se haga “una investigación exhaustiva” tras conocerse estos hechos. Asimismo, exhortó a la Fiscalía de la Nación y a la Contraloría General de la República a que intervengan con el fin de conocer el origen de los estos actos irregulares.
”APP exige una investigación exhaustiva. Ante la denuncia periodística, de presunto favorecimiento a proveedor de Petroperú que tuvo reunión con el presidente (Pedro Castillo), exigimos una intervención inmediata de Fiscalía y Contraloría. Corrupción se combate sin excepciones”, escribió el grupo parlamentario en su cuenta de Twitter.
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Este lunes 20 de diciembre, integrantes de la Fiscalía Anticorrupción llegaron a Palacio de Gobierno como parte de las diligencias correspondientes por la investigación que se sigue por presuntas irregularidades en la licitación de US$ 74 millones ganada por Samir Abudayeh, comercializador de biodiésel, y proveedor de Petroperú.
Cabe señalar que, más temprano, personal de la Fiscalía y la Policía Anticorrupción llegaron a la sede de Petroperú ubicada en San Isidro con el fin de iniciar las investigaciones preliminares contra Hugo Chávez Arévalo, gerente de Petroperú.
De acuerdo al documento al que tuvo acceso La República, el Primer Despacho de Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima ordenó su ingreso para empezar las diligencias preliminares contra Hugo Chávez y otros por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada, y alternativamente negocio incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado.