César Azabache: “El presidente puede no contestar por la casa de Breña y el Congreso igual decidir vacarlo”

Existe una controversia sobre si el presidente Pedro Castillo, de ser citado al Congreso, debe o no responder por las reuniones clandestinas en la casa de Breña, pese a que este tema no está incluido en la moción de vacancia presidencial. En esta entrevista, el abogado y exprocurador César Azabache nos da luces al respecto.

¿Cómo complica la citación del Ministerio Público al presidente Pedro Castillo por el caso de los ascensos en las FFAA ante este pedido de vacancia?

Entiendo que esta citación guarda relación con el caso de los ascensos de oficiales de las FFAA y de la Policía. Es uno de los elementos que están en debate. El otro es el hallazgo de los US$ 20 mil en las oficinas del señor Bruno Pacheco. El tercero es de los contratos públicos obtenidos o asignados a este grupo empresarial, que parece haber tenido una gestora de intereses reuniéndose con él. Son tres asuntos diferenciables. En los tres, el presidente no mostró tener una versión de las cosas, que le permita deslindar.

¿A qué se expone Castillo?

Se expone a que lo que diga sea confrontado con las evidencias. No sabemos qué opciones va a elegir. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en estos días ha quedado claro, con base en declaraciones de la primera ministra Mirtha Vásquez, que eventualmente si fuera citado al Congreso con ocasión al pedido de vacancia, aparentemente va a optar por no responder preguntas no incluidas en el texto. Eso es legalmente posible, pero institucionalmente incorrecto. Institucionalmente, el silencio del presidente de la República es fuertemente regresivo en esta crisis.

Es muy probable que la moción de vacancia sea admitida y se cite al presidente. ¿Un abogado qué le debe recomendar? ¿Apegarse a lo jurídico y decirle que no responda por los hechos en Breña porque estos no figuran en la moción de vacancia? ¿O que responda por lo de Breña?

Hay dos tipos de grandes casos legales: los que se refieren exclusivamente a derechos privados, donde tiene todo el sentido del mundo que se empleen todos los recursos legales para asegurar los derechos individuales de una persona o empresa, y los casos de impacto institucional, en los que usar derechos individuales puede ser profundamente regresivo. Esto por una razón: casos de interés institucional comprometen a personas que no son individuos, son representantes, magistrados o tienen encargaturas públicas por elección. Eso significa que al tomar una elección sobre cómo encarar sus procesos, no solo están poniendo en juego sus intereses personales, sino también el rol público que han asumido.

Si el presidente apela al formalismo de no declarar sobre las reuniones en Breña, ¿está aumentando el riesgo de que lo vaquen?

Por supuesto, porque estaría tomando una decisión solamente basada en sus derechos individuales como persona física, sin tener en cuenta las consecuencias que esa decisión produzca sobre la condición del presidente de la República como autoridad de su institución.

El Congreso le va a increpar al presidente por los hechos en Breña. Si lo vacan por este caso, que no figura en la moción, ¿se habrá respetado el debido proceso?

Tenemos 21 años de actividades parlamentarias vinculadas a debates sobre responsabilidades políticas y penales. Esta práctica ha mostrado que el Congreso reivindica a su favor no utilizar determinadas garantías formales que son usuales en los procedimientos de investigación de la Fiscalía. Mejor dicho, el Congreso ha rechazado sistemática y exitosamente tener determinados límites de pregunta y respuesta en sus intervenciones. El único límite que le fue impuesto proviene del caso Alan García (con la Megacomisión).

¿Este caso es un precedente entonces?

Es cierto que el caso García podría instruirle al abogado del presidente a que le diga que no responda sobre ningún comentario que no esté incluido en la admisión de la moción de vacancia. Tiene derecho a decir que no responderá a la pregunta sobre el tema de Breña. Pero la cuestión del debate no es el caso Breña, es la capacidad moral del presidente. El concepto de incapacidad moral del presidente está vacío (...) El presidente puede no contestar por la casa de Breña, como espacio de reuniones, y el Congreso decidir, si reuniera los 87 votos, vacarlo por incapacidad moral permanente.

¿Qué opina sobre los siete argumentos que sí están en la moción de vacancia?

Respecto de la moción de vacancia es como un documento insostenible. No tiene ningún sentido. El problema no es ese. El problema es que la crisis detrás del texto se está volviendo insostenible. Y el mensaje del presidente Pedro Castillo sobre la crisis tampoco tiene ningún sentido. Lo que estamos mirando es la repetición de un ciclo de deterioro, que remeda lo que hizo Manuel Merino, cuando destituyeron a Martín Vizcarra; remeda el señor Pedro Castillo los errores de Vizcarra.

Con todo lo que se conoce, ¿hay indicios para que la Fiscalía inicie una investigación contra el jefe del Estado por presunto tráfico de influencias en el caso Karelim López?

Bueno, como sabes, las imputaciones contra el presidente deben ser diferidas al final de su mandato. Pero en la Fiscalía hay una investigación que incluye el evento de los US$ 20 mil en el armario del baño del exsecretario de Palacio y una que incluye la cuestión sobre los ascensos en las FFAA. Y el uso de los ambientes en la casa de Breña está ya vinculado a procesos que han comenzado en la Contraloría y la Fiscalía. De modo que es un evento que merece y está siendo investigado.