Caso contra Keiko Fujimori se mantiene y no retrocederá a fase de investigación
Poder Judicial rechazó los pedidos de Keiko Fujimori, Fuerza Popular y otros acusados en el caso Odebrecht que buscaba invalidar la acusación del fiscal José Domingo Pérez.
La acusación presentada por el fiscal José Domingo Pérez en marzo de este año contra Keiko Fujimori y más de 50 personas por el caso Cócteles (Odebrecht) se mantendrá firme en las siguientes etapas del proceso.
Ello tras una resolución del último 12 de noviembre en que la Segunda Sala de Apelaciones Nacional niega los pedidos de Keiko, su esposo Mark Vito, la empresa MVV, el partido Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama Tanaka y el acusado Luis Barboza para que el caso en su contra retroceda.
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Estos seis acusados plantearon en segunda instancia un recurso de nulidad que intentaba hacer retroceder la acusación a fase de indagaciones porque quedaron actividades que no pudieron realizarse durante la investigación, así como el hecho de que Pérez haya cerrado el caso para acusar en marzo cuando tenía tiempo hasta febrero de 2022.
Por mayoría, no obstante, el tribunal indicó que el fiscal Domingo Pérez esta autorizado a conducir y concluir su investigación cuando así lo estime, pues es parte de la facultad que le otorga el Código Procesal Penal en su artículo 343.1.
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Además, se aclara que “no es posible afirmar que en el presente caso el representante del Ministerio Público [José Domingo Pérez] haya incurrido en arbitrariedad al disponer la conclusión de la investigación preparatoria”.
Otro punto clave que establece el tribunal es que si bien hay un plazo máximo durante la investigación para concluirla (en este caso, 36 meses), no existe un plazo mínimo por lo que rechaza varios de los argumentos de las defensas.
Acerca de las actividades que no pudieron presentarse como recibir las declaraciones de exejecutivos brasileños, interrogatorios a empresarios y alcance de otros documentos, la Sala especifica que la etapa intermedia (fase previa al juicio oral que se reanudará el 7 y 9 de diciembre) “abre la oportunidad” a los abogados para que ofrezcan ello en esta nivel del proceso para que puedan ejercer sus defensas.
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En general, los jueces Walter Gálvez e Iván Quispe determinaron por mayoría que ni Keiko Fujimori ni sus otros coacusados lograron probar una vulneración a sus derechos de defensa y a ofrecer pruebas.
Por su parte, el juez Edgar Medina votó en cambio a favor de que la acusación del fiscal Domingo Pérez se deje sin efecto y el caso vuelva a investigación. Pero este fue un voto minoritario por lo que la acusación sigue en pie.
Proceso se reanuda en diciembre
El último lunes, el fiscal José Domingo Pérez terminó de corregir y precisar sus pruebas alcanzadas a los acusados del caso Cócteles.
Durante casi un mes, Pérez envió y aclaró documentos, videos y declaraciones que notificó desde marzo, setiembre y octubre de este año a todos los abogados del proceso.
Luego de que se asegurara que todos los acusados tuvieran este material, el juez Víctor Zúñiga Urday anunció que los días 7 y 9 de diciembre continuará la evaluación de pedidos de archivo contra 6 colaboradores eficaces que quedó pendiente desde fines de octubre y, luego, las acusaciones contra Keiko Fujimori y más de 50 implicados.
Tras varias semanas de verificación de elementos y pruebas ofrecidas por la Fiscalía, el caso podrá avanzar en esta etapa previa al juicio oral.
Por este caso, la Fiscalía pidió 30 años de prisión contra Keiko Fujimori y el “núcleo duro” de la presunta organización criminal que habría encabezado la excandidata presidencial: Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa.
Contra Jaime Yoshiyama, uno de los receptores del $ 1.000.000 que Odebrecht entregó para la campaña de Fuerza 2011, José Chlimper y Adriana Tarazona también figuran como acusados a los que se les podría dictar 30 años de prisión.
El resto de sanciones pedidas contra los imputados oscilan entre los 6 y 22 años de prisión. En el caso de las personas jurídicas (el partido Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces SAC), la Fiscalía optó por pedir su disolucion y consecuente liquidación, como se solicitó el caso contra el Partido Nacionalista Peruano.
Los delitos contemplados contra los acusados son: crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procesos administrativos.
