Luis Alvarado: “La violencia deslegitima la protesta social”

La conflictividad social ha escalado peligrosamente. ¿Qué es lo que está pasando?

La Defensoría del Pueblo ha venido alertando de protestas en varios puntos del país, que si no había una respuesta adecuada podía afectarse la gobernabilidad local, regional e incluso nacional. Nuestro llamado era para encauzar estos reclamos hacia la institucionalidad en los ministerios, en la Presidencia del Consejo de Ministros junto con el gobierno nacional, gobiernos regionales, municipalidades y las empresas involucradas, a fin de que los procesos de diálogo que ya tienen acuerdos sean explicados por qué no se han cumplido. Y en aquellos casos nuevos sean atendidos sin demora para evitar su escalamiento. Se tiene que demostrar más capacidad en la respuesta del Estado no solo en controlar una protesta sino en dar soluciones.

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No hay atención puntual.

No va a veces en compás con la velocidad de las expectativas, más aún si tienen expectativas fuertes en este gobierno. La mejor respuesta a los conflictos es el diálogo, pero debe ir acompañado de soluciones de común acuerdo en el marco de la ley y de lo posible en lo técnico y lo jurídico.

En Aquia, la población exige que la reunión sea en la comunidad, ¿cómo ve usted este planteamiento?

Si el Estado es el que está haciendo el llamado para abrir un espacio de diálogo, es el facilitador, el que tiene que proponer la mejor medida porque no solo se trata de un pedido de la comunidad que entiendo es razonable. Tratándose de diálogo tiene que ser organizado sobre participantes, temas, medidas de seguridad y dónde se realiza, para que sea un diálogo ordenado.

¿En algún momento Defensoría del Pueblo ha sido solicitada como mediador?

En los conflictos hay ya una institucionalidad en los gobiernos que atiende los pedidos de las comunidades. Cuando hemos sido requeridos no lo hemos descartado, pero siempre considerando que ya existe facilitadores del Estado desde la oficina de gestión social del Ministerio de Energía y Minas que es el llamado a mantener relaciones armoniosas entre las empresas con las comunidades de su entorno.

¿Qué llamado le haría a la población para evitar la violencia?

La Defensoría del Pueblo ya ha hecho un llamado público para rechazar la violencia porque deslegitima la protesta que puede tener ciertas razones para reclamar, pero la violencia en ningún caso puede ser tolerada o permitida. Lo que no se puede hacer tampoco es dejar las cosas como están, sin respuesta. Nosotros hemos propuesto desde el 2019 la creación de una unidad de cumplimiento de los acuerdos en Defensoría del Pueblo. Lo que se requiere es que se destine el presupuesto necesario.