Cuestión de confianza: TC publica resolución que admite demanda de inconstitucionalidad del Ejecutivo

El Tribunal Constitucional publicó la resolución que admite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo, el pasado 28 de octubre, contra la Ley 31355 que interpreta la cuestión de confianza, aprobada por insistencia el 19 de octubre por el pleno del Congreso de la República, el cual limita los escenarios en los que el presidente del Consejo de Ministros puede hacer uso de este mecanismo establecido en los artículos 132 y 133 de la Constitución Política del Perú.

Además, el auto de admisibilidad, que lleva la firma de los magistrados en señal de conformidad, dictaminó instruir al Parlamento “para que se apersone al proceso y la conteste dentro de los 30 días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución”.

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Como se informó, en la demanda que fue presentada por el procurador público especializado en materia constitucional del Poder Ejecutivo, Luis Huerta Guerrero, se pide a la institución que preside Marianella Ledesma que “declare la inconstitucionalidad total de la ley, por razones de forma y de fondo”, ya que contradice las disposiciones de la Constitución Política del Perú de 1993 y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

“Por su parte, en cuanto a las razones de fondo, advierte que la ley impugnada vulnera los artículos 132 y 133 de la Constitución al establecer límites a la cuestión de confianza que puede plantear el Poder Ejecutivo, contraviniendo, además, la jurisprudencia de este Tribunal y el principio de separación de poderes que comprende el equilibrio y balance entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República (artículo 43 de la Constitución)”, se plantea en el escrito.

Asimismo, los argumentos del procurador aseguran que la ley que regula la cuestión de confianza vulnera las sentencias 6-2018-PI/TC y la 6-2019-CC/TC del Tribunal Constitucional. Dichos fallos coinciden en que este mecanismo no fue regulado por la asamblea constituyente que redactó la carta magna de 1993 para otorgar un amplio margen de actuación al Ejecutivo.