Ruth Luque, congresista y vocera de Juntos por el Perú (JP), instó al Congreso de la República a aprobar la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Manuel Merino, expresidente de facto. La acusación del Ministerio Público también incluye a Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez, extitular de la PCM y ministro del Interior durante el régimen del acciopopulista. La legisladora también exigió justicia para Inti Sotelo y Bryan Pintado, jóvenes que murieron el 14 de noviembre a causa de la represión policial.
“Ni olvido ni perdón. Justicia para Inti (Sotelo) y Bryan (Pintado). El Congreso tiene la responsabilidad de aprobar la denuncia constitucional para garantizar la investigación de la Fiscalía de la Nación. Que la verdad se abra paso”, manifestó Luque en su cuenta de Twitter.
Tuit de Ruth Luque. Foto: captura de Twitter
La denuncia presentada por Ávalos Rivera en horas de la tarde de esta jornada sostiene que Merino de Lama, Flores-Aráoz y Gutiérrez Limo habrían cometido “los delitos de homicidio, lesiones graves y leves —a título de dolo eventual— por incumplir su deber constitucional y legal en el ejercicio de sus cargos como las más altas autoridades del país, de proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos que participaron en las movilizaciones, y por no haber adoptado medidas para controlar el uso desproporcionado de la fuerza policial”.
“Habrían actuado con dolo eventual, toda vez que, desde que asumieron sus mandatos como altos funcionarios del Estado, conocían de las manifestaciones sociales que se venían desarrollando desde el 9 de noviembre de 2020 —y que se extendieron hasta el día 15 de ese mes—, dado que estas eran reportadas por los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, e incluso hubo exhortaciones al Estado peruano por parte de organismos internacionales”, refirió el comunicado del Ministerio Público.
Según el Reglamento del Congreso, la denuncia contra Merino, Flores-Aráoz y Gutiérrez deberá ser enviada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que en un plazo máximo de 10 días tendrá que determinar si es admitida o no.
“La presidencia de la Comisión Permanente aprobará, sobre la base del informe de calificación y con la mayoría de sus miembros presentes, el plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de 15 días hábiles, prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez”, sostiene el reglamento.
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Luego de una audiencia, uno de los miembros de la SAC elaborará un nuevo reporte, que será votado previo debate por la Comisión Permanente, a fin de que se decida si la acusación constitucional es elevada al pleno del Congreso.