Tuvo que pasar un año desde que el 6 de julio la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó la denuncia constitucional número 366 para que recién ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales apruebe el informe de calificación, acordando acusar por organización criminal al ex fiscal supremo Tomás Gálvez, el ex juez supremo César Hinostroza y los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez.
El informe fue sustentado por el congresista Gino Costa, quien dio cuenta de cinco hechos que comprometen a estos cuatro investigados, quienes son señalados como miembros de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto.
En el primer caso, según relató, el entonces fiscal Gálvez había solicitado a Hinostroza su apoyo para interceder ante un rondero; incluso, en un audio Gálvez le menciona haberle dejado el número del expediente.
El segundo caso tiene que ver con el apoyo a Corefo. El representante de esta editora, Mauricio Arrieta, había pedido la colaboración de Hinostroza para obtener un resultado favorable en una casación. El exjuez contactó con Gálvez y este intercedió ante otro fiscal.
Incluso en una conversación se escucha a Arrieta agradecer a Hinostroza y le precisa que ya se había reunido con el fiscal del caso, Jesús Fernández.
César Hinostroza es investigado como uno de los presuntos cabecillas de Los Cuellos Blancos del Puerto. Foto: EFE
Por otro lado, hubo conversaciones telefónicas donde se escucha a Gálvez solicitar apoyo a Hinostroza para el archivo de una denuncia por violencia contra el fiscal Walter Delgado.
El cuarto hecho tiene que ver con este mismo fiscal, para quien se habría gestionado el favorecimiento en el ex-CNM, a fin de lograr una plaza como fiscal superior penal de Lima. En este concurso, Delgado quedó en segundo lugar, con lo cual tuvo la opción de asumir en caso se dejara abierta una plaza.
Finalmente, Costa apuntó que todos estos hechos guardan relación con una organización criminal, razón por la cual la acusación aprobada consigna la presunta comisión de este delito, además de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Los pasos siguientes son la aprobación de la acusación en la Comisión Permanente y el Pleno.
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