Subcomisión declaró procedente nueva denuncia constitucional contra Vizcarra

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedente una nueva denuncia en contra del expresidente Martín Vizcarra y las exministras de Cultura Patricia Balbuena, Ulla Holmquist y Sonia Guillén, por los contratos irregulares en favor del cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’.

El 20 de mayo, la fiscal Zoraida Ávalos presentó formalmente esta acusación por los contratos que fechan entre el 2018 y 2020 en los que se favorece a Cisneros. El delito, en el caso del exgobernador de Moquegua, es por tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para tercero y negociación incompatible, ya que el artista no cumpliría con los requisitos.

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Vizcarra fue denunciado también por el delito de obstrucción a la justicia, debido a las presuntas reuniones con funcionarios del Estado que tuvieron como lugar Palacio de Gobierno para uniformizar los testimonios ante el fiscal sobre las contrataciones con Cisneros.

Por otro lado, tras encontrar indicios de su participación directa en el caso Richard Swing, se presentaron cargos en contra de las exministras por los presuntos delitos de peculado doloso agravado y negociación incompatible. Se las acusa también de atender las llamadas de la exsecretaria presidencial Miriam Morales para ver los temas de contratos y pagos al cantante.

Pleno aprobó informe en contra de Martín Vizcarra

El último 7 de mayo, el pleno del Congreso aprobó el informe final sobre el caso Richard Swing y su vinculación con el expresidente Martín Vizcarra, el cual fue presentado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

El informe recomienda inhabilitar al expresidente “para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de acuerdo a las normas vigentes”.

Además, se solicitó acusar a Vizcarra Cornejo por “infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función”, así como por “liderar una organización criminal”.

Anteriormente, el Congreso de la República había aprobado la inhabilitación del exgobernador de Moquegua por 10 años, tras aplicarse la vacuna de Sinopharm durante el ensayo clínico realizado por la Universidad Cayetano Heredia.

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