En una audiencia virtual dirigida por la jueza María de los Ángeles Álvarez Calderón, el fiscal Germán Juárez Atoche y el abogado defensor Fernando Ugaz discutieron los elementos de convicción que sustentarían imponer 18 meses de prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra por presuntos actos ilícitos en las obras Lomas de Ilo y hospital de Moquegua.
Juárez Atoche sustentó que existen graves indicios de la comisión del delito a partir de la declaración de hasta cinco colaboradores eficaces, directivos de las empresas constructoras Obrainsa e ICCGSA.
Fiscal tiene cinco colaboradores contra Martín Vizcarra
Estos colaboradores son Elard Paul Tejeda Moscoso de Obrainsa, José Rafael Granados y José Castillo Dibos de ICCGSA; José Hernández de ATA y presuntamente Jorge Iturrizaga de Incot.
Los aspirantes a colaboradores, dijo el fiscal, han señalado que existió una colusión ilícita con Vizcarra, en la época en que se desempeñó como gobernador regional de Moquegua, para adjudicarse las mencionadas obras públicas.
Además, de un requerimiento de un pago ilícito. En el caso de Lomas de Ilo, de acuerdo con la declaración de Tejeda Moscoso, Vizcarra solicitó un millón de soles, equivalente a un 2% del costo de la obra.
En el caso del hospital de Moquegua, el requerimiento habría sido hecho a través de José Hernández, directivo de la supervisora ATA y luego ministro de Agricultura.
Sospecha. Exministro José Hernández sería el intermediario. Foto: La República
Según la declaración de Rafael Granados y José Castillo, se les requirió un millón de soles, más el alquiler de una avioneta para atender a una delegación boliviana que quería visitar el puerto de Ilo.
La Fiscalía señaló que las declaraciones de los colaboradores se confirman con el registro histórico de llamadas telefónicas, correos del requerimiento de la avioneta y mensajes de WhatsApp entre Hernández y Vizcarra.
A su turno, el abogado defensor de Vizcarra, Fernando Ugaz, cuestionó que la Fiscalía pretenda corroborar lo que dicen los colaboradores con el testimonio de sus secretarias y asistentes, pues existe una dependencia laboral.
Sobre este punto, Ugaz señaló que uno de los testigos, el chofer de Hernández, actualmente labora en el Ministerio de Agricultura. Según el abogado Hernández, lo colocó en ese puesto cuando fue ministro de Agricultura.
Igualmente, indicó que los correos y mensajes de texto por sí mismos no confirman un acto ilícito, sino que son interpretados por los mismos colaboradores.
La audiencia tuvo varias interrupciones por el mal servicio de Internet del Ministerio Público, lo cual afectó la fluidez de la intervención fiscal. La audiencia, que se realiza de manera virtual, se suspendió cerca de las 4.30 p. m. y proseguirá este jueves, 18 de marzo, a partir de las 9.30 a. m.
hospital de moquegua foto andina
La Fiscalía sustentará en la audiencia de este jueves los elementos de convicción del peligro procesal que justifican imponer 18 meses de prisión preventiva al expresidente y candidato al Congreso Martín Vizcarra.
El fiscal Germán Juárez señaló que Vizcarra podría recibir una condena de hasta 34 años de prisión por delitos de colusión, cohecho y asociación ilícita.
Fernando Ugaz cuestionó que Vizcarra sea el único procesado por hechos en que los demás participantes se han convertido en colaboradores eficaces.
Martín Vizcarra es investigado por recibir presuntos sobornos cuando era gobernador de Moquegua. Foto: Aldair Mejía/La República
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