El Congreso de la República oficializó este sabado 13 de marzo la acusación constitucional contra Iván Noguera Ramos, exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), luego de que la denuncia fuera aprobada por el pleno el último viernes.
A través de la Resolución Legislativa 014-2020, publicada hoy, el Parlamento “declara haber lugar a la formación de causa contra Noguera por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho pasivo específico, tipificados en los artículos 317 y 395 del Código Penal, respectivamente”.
El exconsejero es investigado junto con Guido Aguila Grados por el nombramiento de Juan Canahualpa como fiscal de familia, así como por la ratificación del juez Ricardo Chang Racuay, en el marco de la investigación Los Cuellos Blancos del Puerto, que reveló la mayor red de corrupción en el sistema de justicia.
La denuncia fue aprobada por el pleno con 78 votos a favor, cero en contra y una abstención. Ivan Noguera fue invitado a ejercer su derecho a la defensa, pero no acudió. Por tal motivo, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, decidió declarar “inasistencia injustificada” para seguir con el proceso, como plantea el Reglamento del Parlamento.
Resolución Legislativa 014-2020.
No es la primera vez que el exmiembro del CNM no se presenta en el pleno. El 12 de febrero, durante la sesión virtual, se aprobaron las denuncias contra el exjuez supremo César Hinostroza y contra los exconsejores Orlando Velásquez, Guido Águila y Julio Gutiérrez. También se vería la situación de Noguera, pero este no asistió, por lo que se postergó su caso. Este último viernes, finalmente, se aprobó la acusación.
Según la investigación fiscal, Noguera utilizó su cargo para que sus amigos sean nombrados jueces supernumerarios o empleados en la corte Superior del Callao.
Además, un colaborador eficaz indicó que el empresario Óscar Peña Aparicio, conocido como el ‘Rey de la Pesca Negra’, realizó un pago económico a Noguera Ramos para que influya en el nombramiento de Fernando Salinas como juez penal.
El objetivo era que Salinas resuelva una demanda de amparo de la empresa LSA Eterprises Perú contra el Ministerio de Agricultura.
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