Desaparece informe contable de Antonio Camayo

Una serie de informes financieros constatables realizados al empresario Antonio Camayo Valverde, su esposa María del Carmen Izaguirre Feria y el Grupo Empresarial Iza Motors habrían desaparecido del Ministerio Público.

Estos informes documentarían irregularidades en la contabilidad de las empresas de Camayo respecto a los contratos de servicios de reparación de vehículos que brindó a diversas instituciones del Estado, como la Policía Nacional o la Sunat.

Así lo informó la fiscal provincial Roxana Jáuregui en el informe-denuncia que presentó sobre las presuntas irregularidades en el trámite de colaboración eficaz de Camayo. A la fecha, nadie da razón de esas pericias, señala la fiscal.

Peritos

Lo único que ha podido encontrar es el cargo de recepción en poder del perito del Ministerio Público César Bacilio Olazábal. Las pericias fueron ordenadas en octubre del 2018 por la fiscal Manuela Rosana Villar Ramírez en una investigación por lavado de activos. Habrían sido entregados a la fiscalía con fecha 20 de agosto y 5 de setiembre del 2019.

Sin embargo, ahora nadie sabe dónde están esos documentos. Jáuregui ha denunciado que, el 13 de setiembre del 2019, la fiscal Rocío Sánchez tramitó y logró levantar el descongelamiento de las cuentas de Camayo y sus empresas, por más de un millón de soles, sin tener en cuenta esa información.

Rocío Sánchez solo habría tenido en cuenta unos informes periciales de parte presentados por la defensa de Camayo. En una de sus últimas apariciones ante la prensa, Sánchez señaló que con posterioridad el empresario ha admitido actos indebidos en los contratos con la Sétima Región de la Policía Nacional.

Región policial

También con posterioridad, la fiscal Sánchez habría encargado a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Diviat) realizar un nuevo informe contable de los movimientos económicos del Grupo Iza Motors y Camayo, pero esa dependencia le habría respondido que no cuenta con los peritos necesarios.

Un pedido que llama la atención, pues si Camayo ha revelado irregularidades en sus contratos con la Policía, sería contradictorio encargarle a la Policía que realice una pericia, puesto que se convierte en juez y parte. En estos casos, los fiscales suelen recurrir a peritos externos o del Ministerio Público, como hizo Villar Ramírez en un inicio.

Jáuregui presentó su informe y denuncia al fiscal supremo y coordinador del Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto y a una fiscalía penal para las investigaciones del caso y que se deslinden responsabilidades.

Descargos

La fiscal Rocío Sánchez y, según ha trascendido, el fiscal supremo Pablo Sánchez han catalogado el informe de Jáuregui de exagerado y carente de sustento. Ese sería el presunto motivo por el cual el fiscal supremo también pidió la salida de Jáuregui.

Rocío Sánchez defiende su decisión de otorgar beneficios a Camayo y empresa a cambio de la información que ha entregado sobre las actividades de la red “Cuellos Blancos del Puerto” y otros hechos, aún bajo reserva. El Grupo Iza Motors también ha entrado en el acuerdo de colaboración eficaz.

Luego de que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, anunció que Rocío Sánchez cesaría en el Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto, la fiscal convocó a los abogados de Camayo Valverde y sus empresas para una audiencia, el 25 de febrero, a fin de firmar el acuerdo de colaboración eficaz.

Sin embargo, esa diligencia ya no pudo realizarse, pues el 24 de febrero se emitió la resolución que oficializó su salida del Equipo Especial. Corresponderá a un nuevo fiscal revisar la información entregada por Camayo y continuar con el acuerdo.

Fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro corren peligro

Las fiscales provinciales Sandra Castro y Rocío Sánchez que hasta el martes último integraron el Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto laborarán a partir del lunes 1 de marzo en una fiscalía penal de Santa Rosa en Ventanilla y Corporativa del Callao, respectivamente.

Aunque ambas están bajo investigación de la Junta Nacional de Justicia, es necesario que la Policía Nacional y el Ministerio Público mantengan la seguridad que han venido recibiendo desde el 2018.

Sánchez y Castro descubrieron la más grande red de corrupción en el sistema judicial con vínculos con una peligrosa organización del narcotráfico chalaco, que podría tomar represalias contra ellas si quedan en el desamparo. Sus vidas corren peligro y deben tener seguridad.

Entrega

Despedida. Sandra Castro y Rocío Sánchez hicieron el viernes la entrega de cargo y de sus casos a la fiscal Roxana Jáuregui, la única que permanece en el Equipo Especial. El lunes deben reincorporarse a sus nuevas actividades. Los acuerdos de colaboración y de testigos protegidos han quedado en sobres lacrados, a la espera de los nuevos titulares.

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