Carrión: Esperamos que MP reorganice pronto equipo del caso Cuellos Blancos

La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, indicó que es indispensable que se nombre cuanto antes a nuevos miembros del caso Cuellos Blancos. Ello, tras la separación de Rocío Sánchez y Sandra Casto de las investigaciones.

“Esperamos que el Ministerio Público pueda reorganizar de la manera más pronto el Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, que es una investigación que ayudó a advertir la corrupción en todos los niveles de la administración de justicia”, dijo en diálogo con RPP.

Catalogó de “grave” la reunión que sostuvieron ambas fiscales con Martín Vizcarra, en 2018, cuando asumió la presidencia de la República. En ese sentido, refirió que “ameritaba” que la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, las haya apartado del caso.

“Es un hecho grave que ameritaba la decisión que tomó la fiscal de la Nación de separarlas de la investigación y que se les inicie los procesos administrativos, sancionadores y disciplinarios que correspondan y las consecuencias que ello implique”, agregó.

Asimismo, Carrión manifestó que se debe separar lo ocurrido con Sánchez y Castro de las pesquisas del caso Cuellos Blancos para no perjudicar lo avanzado hasta el momento.

“Lo que no puede pasar que un hecho así pueda contaminar las indagaciones, de tal manera que pueda invalidar algo, que creo que esto no sucede. Las investigaciones y las pruebas que se han recogido en Cuellos Blancos y en Lava Jato han seguido todo el trámite procesal correspondiente y está legitimada para que sea preservada”, precisó la procuradora.

JNJ investigará a fiscales Castro y Sánchez

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó iniciar un proceso disciplinario inmediato contra las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro por la reunión en 2018 con el entonces mandatario Martín Vizcarra.

La presidenta de la JNJ, Inés Tello de Ñecco, informó que tomaron esa decisión, debido a que ambas fiscales habían incurrido en una actuación impropia que “podría configurar la admisión de una interferencia del poder político en un organismo autónomo como es el Ministerio Público”.

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