Procuraduría podrá defender al Estado en caso contra Keiko Fujimori

La Procuraduría de Lavado de Activos podrá formar parte desde ahora, en representación del Estado peruano, del caso contra Keiko Fujimori y otros por presuntos aportes de Odebrecht.

Así lo decidió esta tarde el magistrado Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, a solicitud de esta entidad que conduce Miguel Sánchez Mercado.

Con esta resolución, dicha Procuraduría está habilitada también a solicitar formalmente un monto de reparación civil a favor del país teniendo en cuenta los ilícitos cometidos por la presunta organización criminal que lideró Keiko Fujimori en las campañas presidenciales de 2011 y 2016.

De este modo, se mencionó en audiencia que sobre la base de los cálculos hechos por la Procuraduría, hasta el momento, la cifra preliminar de reparación civil que podría solicitarse ronda los S/36.934.749.

Acorde con lo debatido en audiencia este martes, este requerimiento se efectuó el 25 de junio de 2019; sin embargo, no pudo revisarse de manera formal hasta 2021 debido a las 10 recusaciones (intentos por apartar al magistrado del caso) planteadas por los investigados, según cálculos hechos por el juez Zúñiga.

En la lectura de su decisión, el juez Víctor Zúñiga resaltó que no se está afectando el derecho de defensa de las partes, “pues se trata de una actividad postulatoria a la que está accediendo la Procuraduría”.

La adjunta María Camus Dávila explicó en este sentido ante el magistrado que era necesaria la participación de la Procuraduría de Lavado de Activos porque se ha afectado la “transparencia del sistema financiero, sistema democrático, eficacia de tramitación de justicia, daño a la persona, la institucionalidad del Estado”, así como el perjuicio a la imagen del mismo.

Durante la sesión, mostraron su oposición a que la Procuraduría de Lavado de Activos ejerza la defensa del Estado en el proceso los abogados de Keiko Fujimori, Mark Vito, Arsenio Oré, Carmela Paucará y Edward García Navarro. La defensa de estos investigados, tras el cierre de la audiencia, apelaron la decisión.

“El pedido del Procurador Público no aporta ningún medio probatorio directo o indirecto que guarde relación con mi patrocinada. Esto es algo ilegal; razón por la cual, acudiremos en vía de apelación para lograr que se revoque todo lo actuado”, sostuvo Elio Riera, defensa de la exsecretaria de Keiko, Carmela Paucará.

En audiencia intervino también el abogado de Arsenio Oré, Gerson Camarena, quien junto a otros letrados sugirió que se suspenda la audiencia porque hay un recurso extraordinario de casación donde está pendiente si se aparta o no del caso al juez Zúñiga.

Estado del caso

La investigación que dirige el fiscal José Domingo Pérez tiene, hasta la fecha, un total de 62 procesados y tiene como plazo máximo para concluir esta etapa el 21 de febrero de 2022.

Antes o después de esta fecha, el primer despacho del Equipo Especial Lava Jato podría presentar una acusación.

En total, también, se investigan ocho delitos: lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo, fraude procesal, falsificación de documento privado, asociación ilícita, organización criminal y falsedad genérica.

La Procuraduría de Lavado de Activos puede analizar los avances del caso así como documentos y elementos de convicción para postular un monto preliminar de reparación civil que todos los involucrados deban pagar en forma solidaria; es decir, entre todos.

Es probable que el monto definitivo de reparación civil que deban pagar los implicados se fije en la etapa de acusación, pues solo después de un juicio oral y una sentencia, se ordena dicho pago. Hasta este punto, la Procuraduría puede variar la cantidad de su pedidos de reparación.

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