Este lunes desde las 9:30 a. m., la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso realizó una sesión virtual donde evaluó una denuncia constitucional contra el suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez, investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
En efecto, de acuerdo a la agenda del grupo parlamentario presidido, por el congresista de Acción Popular Carlos Pérez, trató la denuncia n°. 364 que presentó la congresista Carolina Lizárraga del Partido Morado en junio del año pasado contra Tomás Gálvez, quien fue suspendido de sus funciones por la Junta Nacional de Justicia por tres meses más.
El magistrado fue acusado de presuntamente haber obstruido el trabajo de los fiscales del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, quienes vienen investigando, de la mano del Ministerio Público, a los políticos, empresarios, jueces, y demás funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción.
De acuerdo a lo expuesto en la denuncia, Gálvez Villegas habría cometido una infracción de los artículos 39 y 44 de la Constitución del Perú, así como del inciso 2 del artículo 139 cuando ejercía sus funciones como fiscal supremo.
Tomás Gálvez también fue denunciado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, junto con el exjuez César Hinostroza y los ex miembros del disuelto Consejo nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez Pebe por supuestos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos.
El 14 de julio pasado, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió por unanimidad a Tomás Gálvez, ordenando que se aparte de su cargo por seis meses mientras duren las investigaciones.
Ahora el fiscal supremo continuará suspendido en sus funciones hasta mediados de abril debido a que su nueva presidenta, Luz Tello de Ñecco, resolvió a favor de la solicitud de ampliación de tres meses que presentó el miembro instructor del caso, José Ávila Herrera.
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