Cuellos Blancos: exconsejero Gutiérrez Pebe seguirá con 18 meses de impedimento de salida

La Sala Penal Especial Suprema confirmó el impedimento de salida del país por 18 meses contra el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe, al ser investigado como presunto miembro de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

En la mañana de este jueves, la entidad judicial publicó la resolución que declara infundado el recurso de apelación que presentó la defensa del exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a la medida restrictiva impuesta el 24 de setiembre por el juez supremo Hugo Núñez Julca.

El tribunal precisó que el impedimento solo tendrá vigencia hasta que concluya la indagación preparatoria. Es decir, si esta culmina antes del plazo de los 18 meses, también quedará sin efecto la restricción.

El abogado del procesado, en audiencia virtual el pasado 21 de octubre, solicitó se anule la medida bajo el argumento de que el magistrado de investigación preparatoria no acredita la existencia del riesgo de fuga. No obstante, la Ministerio Público resaltó que no imponer este impedimento generaría una obstrucción a la justicia.

Investigación contra Gutiérrez Pebe

A Gutiérrez Pebe, uno de los protagonistas de los difundidos CNM Audios, se le imputa el presunto delito de cohecho pasivo específico y se la atribuye haber coordinado el nombramiento de los jueces Miguel Canahualpa y Armando Mamani, así como la ratificación del juez Ricardo Chang.

Para la Fiscalía, la colocación de allegados en cargos importantes responden a favores con otros magistrados para verse beneficiados mutuamente en temas legales, sin considerar los verdaderos requisitos para los puestos.

Ante los graves elementos de convicción, el exconsejero afrontó 18 meses de prisión preventiva y salió en libertad en abril de este año, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

La Fiscalía pidió que se amplíe el encarcelamiento por un año más, pero la Sala consideró que Gutiérrez Pebe pertenecía a una población vulnerable al contagio de la COVID-19 al tener más de 60 años de edad y padecer otras enfermedades.

Como remplazo a la prisión preventiva, el Poder Judicial le ordenó comparecencia restringida y el pago de una caución de S/ 30.000 al Estado.

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