Martín Vizcarra habría favorecido a allegados con puestos en el Estado, según Fiscalización

La comisión que investiga los procesos de contratación de servicios efectuados por el Ministerio de Cultura y otras entidades del Estado, desde el año 2018 a la fecha, presentó su informe preliminar y concluyó que Martín Vizcarra y sus funcionarios "habrían favorecido a familiares y amigos con puestos en el sector público”.

El documento, a través de ocho puntos, explica que “habría existido un uso inadecuado de poder por parte de diferentes niveles de gobierno en el uso de la Ley de Contrataciones”.

“Este abuso de poder habría sido ejercido al usar la norma que regula las contrataciones y contrataciones directas del Estado, desde Palacio de Gobierno. Es decir, desde la primera autoridad del Poder Ejecutivo, sus servidores y funcionarios adscritos, quienes plantearon, promovieron y organizaron estos procesos con funcionarios de las altas direcciones de diversos ministerios y organismos del Estado”, señala el texto.

Asimismo, en el preinforme se solicita ampliar por un periodo de 30 días hábiles adicionales la investigación para procesar los audios sobre el caso Richard Swing que el congresista Edgar Alarcón presentó el pasado jueves 10 de setiembre.

“(Las grabaciones) evidencian acciones que pueden configurar delitos de encubrimiento real conducente a la obstrucción a la justicia y a las acciones de control político e investigación que corresponden al Congreso de la República”, indica el documento.

En esa línea, el grupo de trabajo, presidido por Alarcón Tejada, comenta que aún deben llamar a los implicados en las grabaciones y corroborar las versiones que ahí se plantean. Cabe destacar que en las tres conversaciones que él difundió participan Mirian Morales, Karem Roca y Martín Vizcarra.

Contrataciones vulneran principios de la moral pública

El informe preliminar de la comisión investigadora señala que las contrataciones de allegados a Palacio de Gobierno “vulneran no solo la normatividad penal y administrativa del Estado, sino incluso principios mínimos de la moral pública”.

Por ello, sugiere que más adelante se podrían presentar acusaciones constitucionales ante la presunta comisión de infracciones por autoridades que gozan de inmunidad y altos funcionarios que tienen derecho al antejuicio político.

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