SIP: publicidad estatal debe ser distribuida según criterios técnicos

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destacó la importancia de ratificar conceptos que deben incluir las leyes que regulan la publicidad estatal con el objeto de no infringir los principios de transparencia y de libertad de prensa y expresión.

El pronunciamiento de la entidad es consecuencia de cuatro iniciativas legislativas en el Congreso de la República que buscan reformar una ley vigente desde el 2006.

Los referidos cuatro proyectos fueron presentados por congresistas de las bancadas de Alianza para el Progreso, de Acción Popular, Podemos Perú y el Frepap. Asimismo, las inciativas buscan, con variantes, reformar la Ley 28874 sobre publicidad oficial.

“En las últimas seis décadas, la SIP viene pregonando en contra del uso discriminatorio de la publicidad oficial por parte de los gobiernos como forma de presión, castigo o premio a los medios de comunicación por sus líneas editoriales. La SIP califica esta práctica, condenada por la Declaración de Chapultepec, como censura directa contra de la libertad de prensa y de corrupción pública debido al uso discriminatorio de fondos públicos”, expresa el comunicado.

Además, agregó que “la publicidad estatal debe ser distribuida con criterios técnicos, transparentes y equitativos, y teniendo en cuenta a los medios de acuerdo con el alcance de sus audiencias, geografía y características”.

El presidente de la SIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, subrayaron que toda ley debe contener obligaciones para el Estado en referencia a la transparencia.

“La norma debe contener mecanismos punitivos para los agentes del Estado que no cumplan con los requisitos o discriminen a medios en función de sus criterios electorales”, indicaron.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) detalló en 2002 que las leyes deben adoptar reglas sobre publicidad oficial para cada nivel de gobierno. Asimismo, precisó que deben fijar las diferentes etapas vinculadas a la producción, contratación, distribución y control del avisaje del sector público y privado costeado con fondos públicos.

En 2003, un informe de la Relatoría de la CIDH advirtió que “la falta de normativa puede crear riesgos de una facultad discrecional excesiva en los órganos que toman las decisiones, (lo) que pueda dar lugar a asignaciones discriminatorias de la publicidad oficial”.

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