Congreso quebranta la Constitución y la economía, advierten
Leyes cuestionadas. Diversos especialistas coinciden en que el Parlamento infringe las normas y perjudica a la población al aprobar leyes que alterarían el manejo económico del Estado.
Diversos especialistas coinciden en que el Congreso infringe nuestra Constitución y perjudica a la población al aprobar normas que impactan en el manejo económico del Estado, como aquellas sobre devolución de aportes a la ONP y AFP, suspensión del cobro de peajes y nombramientos de personal de salud de entidades públicas.
“La Constitución establece el marco de actuación económica del Congreso: aprobar la política tributaria, leyes de presupuesto, cuenta nacional, equilibrio y endeudamiento financiero, transferencias, habilitaciones presupuestales y punto. Cuando van más allá, ingresan en conflicto de competencias”, dice el constitucionalista Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional (TC) y docente de las universidades de Lima y San Martín de Porres.
“Con lo que han aprobado, arrasan con la libertad contractual, el derecho a la propiedad, el concepto de contratos-ley, los derechos adquiridos, el principio de seguridad jurídica. Es Atila que desde el Congreso arrasa con reglas básicas del ordenamiento jurídico y político y del modelo económico”, añade.
“El Parlamento no puede aprobar lo que se le venga en gana. Ese modelo ya fue abolido por el derecho constitucional y el TC ha ido poniendo límites al actuar del Parlamento. Además, los fondos pensionarios son intangibles y así lo expresa claramente la Constitución. Del mismo modo, la capacidad de gasto está proscrita para el Legislativo”, anota el constitucionalista Erick Urbina, profesor de la Universidad de Lima.
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“Un control previo de la constitucionalidad de las leyes puede ser una salida para no tener estos problemas”, aduce.
“No lo pagan ellos”
Además de contravenir la Constitución, el daño en la economía sería de gran magnitud.
“Lo del Congreso es tremendamente irresponsable. Está aprobando medidas que tienen costos inmensos para todos los peruanos, de miles de millones. Ellos no pagan la factura: 18 mil millones de la ONP, mil y pico millones anuales de EsSalud, más todo lo que es para el sector Salud, las contingencias en lo de los peajes al Estado por los arbitrajes nos van a ganar”, dice el economista Alonso Segura, exministro de Economía y profesor de la Universidad Católica.
“No solo afecta la sostenibilidad fiscal del país sino que puede generar cuestionamientos más importantes a nuestra credibilidad fiscal, la capacidad de que podamos seguir manejándonos responsablemente”, advierte.
“Muchas demandas legítimas podríamos resolver de modo muy gradual mientras nos recuperamos económicamente. La mayoría de afiliados estamos en planilla, con trabajo. A quienes lo han perdido, sí hay que atenderlos. Pero en crisis económica, dan una ley que favorece al trabajador con ingreso estable mientras faltan UCI, oxígeno... ¿Qué es más urgente? Debemos decidir por costo de oportunidad ahora que los recursos son escasos”, alega la economista Noelia Bernal, docente de la Universidad del Pacífico.
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“Pedimos poderes del Estado que se pongan de acuerdo en cómo gastar el poco dinero que tenemos en atender lo que ahora es más necesario”, resalta.
Reacciones
Víctor García Toma, expresidente del TC
“Arrasan con la libertad contractual, derecho a la propiedad, contratos-ley, derechos adquiridos, principio de seguridad jurídica. Es Atila que desde el Congreso arrasa con reglas básicas del ordenamiento jurídico”.
Alonso Segura, exministro de Economía
“Son leyes con costos inmensos para todos los peruanos, de miles de millones. Ellos no pagan los 18 mil millones de la ONP, mil y pico millones anuales de EsSalud, lo que generen arbitrajes que nos van a ganar sobre los peajes”.
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