Tribunal evalúa este martes impedimento de salida contra Humberto Acuña

Humberto Acuña Peralta, congresista investigado por colusión en el caso Trasvase Olmos, puede tener en contra una orden judicial que le impida salir del país por 36 meses.

A las diez de la mañana de este lunes, el Equipo Especial Lava Jato insistirá en segunda instancia para que el Poder Judicial determine, además de esta limitación, el pago de S/ 500.000 de caución al Estado.

El tribunal que integran los jueces superiores Ramiro Salinas, Guillermo Piscoya y Víctor Enríquex escuchará a las partes del proceso en una audiencia virtual. Este pedido hecho por el fiscal José Domingo Pérez en marzo último, previo al estado de emergencia por el nuevo coronavirus, fue rechazado en primera instancia.

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En representación del Ministerio Público se presentará el fiscal superior Hernán Mendoza; mientras que en el caso de Humberto Acuña, este manifestó en comunicación con La República que su defensa sí se conectará a la audiencia virtual, pero prefirió no responder si se someterá a lo solicitado por la Fiscalía o si manifestará su oposición a la medida en la audiencia.

Humberto Acuña es investigado por el delito de colusión en esta carpeta fiscal. Domingo Pérez imputa en ella la presunta participación de aquel cuando era gobernador regional de Lambayeque y haber beneficiado presuntamente a la empresa brasileña Odebrecht. Yehude Simon Munaro es otro de los procesados en la investigación.

Al exgobernador de Lambayeque también se le imputa haber firmado tres documentos por las obras de trasvase en el 2011: dos relacionados con actas de reuniones de trato directo y una transacción extrajudicial con la concesionaria, en relación al Trasvase Olmos.

Además, Acuña tiene pendiente un juicio oral desde junio y que ha postergado con un recurso de nulidad ante el proceso que se le sigue por falsa declaración en agravio del Jurado Nacional de Elecciones cuando postuló al gobierno regional en 2010.

El Ministerio Público pidió en Lambayeque contra el actual legislador una pena de 3 años de prisión suspendida. No obstante, dado el recurso de nulidad presentado, debe ser la Corte Suprema quien aclare primero este requerimiento antes de continuar o no con el juicio.

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