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Política

Edgar Alarcón: “Soy fiscalizador de Cáceres Llica y es imposible que me favorezca con contratos”

Edgar Alarcón Tejada, congresista de la República, responde las críticas y suspicacias del contrato que firmó su primo como proveedor de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa.

larepublica.pe
¿leyes para el pueblo? Congresista Alarcón sostiene que las normas dadas por el Congreso golpean a grupos de poder.

Deysi Pari

Arequipa

Joe Soto es primo del congresista Edgar Alarcón y proveedor de la Gerencia Regional de Salud con equipos e insumos para el laboratorio COVID-19 en Arequipa. La contratación no solo causa suspicacias porque se trata de un familiar del parlamentario y ex asesor del gobernador regional. Además el contrato se firmó después de concluida la obra.

En una entrevista reciente, señaló que no tenía comunicación con su primo (Joe Soto Tejada), ¿ya lo contactó?

Sí, me comuniqué con él el último fin de semana. Me explicó que participó en esta convocatoria para abastecer con insumos y equipos a la Dirección de Salud. Él disponía de estos requerimientos y presentó su cotización, me parece que, en la evaluación, que es pública, el cotizó por debajo de la otra y con eso le dieron la conformidad y el contrato.

También le he preguntado sobre su experiencia y me dice que antes ha tenido otra (empresa) similar a esta, que tenía como 15 años de experiencia vendiendo e instalando este tipo de equipos, porque es ingeniero. Lo único que le he dicho es que tiene que dar todas las facilidades a las autoridades, porque yo había pedido al Ministerio Público y a la Contraloría que se investigue este proceso.

¿El tenía una empresa anterior a Serproacon con la que vendía insumos médicos?

No tengo el detalle de qué vendía, pero me dice que tenía la experiencia de otra empresa con la que trabajó 15 años. Cuando le pregunte la Fiscalía, sabrá explicar y sustentar.

Sin embargo, lo que causa suspicacia es que se trata de su familiar y usted fue asesor de la gestión de Cáceres Llica.

No he intervenido ni por él ni por nadie. Es más, yo que soy fiscalizador asiduo de la gestión de Cáceres Llica, creo que en la vida él va a querer favorecer a mí o a un familiar con un contrato, es imposible de aceptarlo, ni tampoco le pediría ningún favor. Aquí es tema de un tercero, Joe Soto, que es el proveedor, con la Dirección de Salud. Él tiene que explicar si todo está dentro del marco de la ley y si hay algo irregular, que se denuncie. No tengo ningún problema con eso.

Pero habría algo irregular, porque según la denuncia periodística, el contrato se firmó después de que se inauguró el laboratorio. Entonces ¿cómo lo hicieron si no tenían los insumos?

Eso lo tendrá que explicar la parte administrativa de la Diresa con el proveedor. No tengo nada que hacer ahí.

Pero, usted que preside la comisión de Fiscalización en el Congreso ¿no podría tomar el caso para investigarlo?

Ayer he conversado con Rosario Paredes, responsable de este grupo que fiscaliza el Gobierno Regional de Arequipa y le he dicho que lo evalué y converse con el fiscal y la Contraloría, cómo avanzan las investigaciones. Yo me tengo que mantener imparcial y si al final, nosotros lo tomaríamos como Comisión de Fiscalización, si es que hay algo irregular lo tenemos que denunciar sin tener en cuenta si es mi familia, mi primo. Sea quien sea, lo voy a denunciar.

Otro hecho es que su primo constituyó la empresa poco después de su elección como congresista, ¿Qué dice de eso?

Le pregunté ese tema y me dijo que constituyó la empresa en Registros Públicos el 20 de enero. Las elecciones han sido el 26 y el 30 de enero sacó el RUC. Ósea no es que se hizo después de los resultados, porque la suspicacia sería: ¡ah, supo que su primo era congresista y constituyó la empresa!. Es un tema que tenemos que dejar a la Fiscalía y Contraloría para que saquen los resultados.

Por otro lado, los congresistas son criticados por las leyes: eliminación del peaje, retiro de 25% de la AFP, proyecto para crear una instancia superior a la Sunedu. Se piensa que el Congreso anda igual que el anterior.

Es el primer Congreso en la historia del Perú que atiende los pedidos del pueblo, y cuando sucede eso, siempre los grupos de poder van a reclamar, que somos populistas, que somos más de lo mismo, que somos lo peor, pero el tema del peaje que era temporal no definitivo, fue porque en esta situación todo el mundo dejó de trabajar. No era justo ni correcto que el peaje se siga cobrando y lucrando.

El tema del 25% de la AFP, si no hay apoyo social del gobierno y la población necesita recursos para mantenerse en la cuarentena, era necesario desembolsar. El gobierno nos criticó por el impacto económico, al final dijeron que iba a generar una crisis económica y no fue así. El tema de la Sunedu no ha prosperado, sí tenemos que mejorar las competencias de la Sunedu para que tenga todas las herramientas. Hoy se debe aprobar lo de la ONP y seguro nos van a criticar, pero hay mucha población que está esperando estos recursos. Estamos gestionando en base a la necesidad del pueblo. Descarto que estemos legislando de manera irresponsable.

Pero el tema del peaje, genera un arbitraje y eso va a perjudicar al Estado

Como Estado tenemos que presentar nuestros argumentos y defensa, y estoy seguro que va a salir favorable.

Pero es conocido que siempre los arbitrajes han salido a favor de las empresas y muy pocos para el Estado.

Hemos visto cómo se manejaban los arbitrajes, pero ahora las cosas han cambiado.

Con respecto al tema de las clínicas de cobrar una tarifa plana de 55 mil soles. ¿Es justo el precio, pudo ser mejor?

Ha sido una decisión conversada, porque ante el extremo de intervenir las clínicas, estas han preferido de llegar a un punto intermedio, de llegar a esta tarifa plana.

Todo lo que es servicio de salud es un derecho que tienen los peruanos, no un privilegio de un grupo de empresarios. Aquí, lamentablemente por la Constitución que tenemos se está manejando así. Las empresas ponen las condiciones, los precios y mientras no modifiquemos el capítulo económico de la Constitución, se va a seguir manejando así. No solo lo vemos a nivel de clínicas, sino de farmacias, por ejemplo. Todos los servicios que no se pueden regular los precios, dependen mucho de la Constitución, porque dice libre mercado, oferta y demanda.

Pero la verdad es que cobraban montos exorbitantes de hasta casi medio millón de soles, de 8 mil soles por día. ¿Qué se podría hacer, porque finalmente estas personas ya están con la deuda encima y prácticamente eso es impagable?

Hoy (jueves) vamos a revisar eso en la comisión de economía para ver cómo vamos a apoyar a este grupo de familiares. Si es que el SIS asumirá esos pagos de forma porcentual, porque la solución es de ahora para adelante.

¿Podrían pedirles explicaciones por qué cobraban tanto por día?

Indecopi o el Ministerio de Salud cumplen un rol de supervisión. Pero, te aseguro que se van a amparar en el libre mercado y al final nadie los controla. Tenemos que ver el mecanismo desde el punto de vista legal, cómo apoyamos a estos pacientes.

De otro lado, en Arequipa la situación ha desbordado. Hay problemas en el Honorio y por otro lado están las decisiones del Comando COVID, que han confundido más a la población. Muchos piden la cabeza del general Gratelly, ¿cómo analiza usted esto, ya que integra el equipo de asesores?

Sentí, en su momento, que las propuestas no eran escuchadas ni atendidas. Por eso también decidimos reducir el número de reuniones porque eran todos los días. Ahora solo una vez a la semana, porque hay mucho desgobierno desde el punto de vista estructural. Se nota que manda Gratelly, manda el jefe de la Policía, el alcalde, el gobernador sale con otro discurso y la población no sabe a quién hacer caso.

Por eso hay mucho desorden. Hay muchas idas y vueltas y la población sigue pagando las consecuencias (…) Esperemos que se cumpla con abrir el Avelino, hay muchas cosas que están en el camino y la población sigue saliendo a las calles, sometiéndose al virus.

¿Dice que sus propuestas no fueron escuchadas, a qué se refiere concretamente?

Hace más de un mes, la implementación de equipos y compra de insumos (propuse) que se maneje de manera centralizada y no se distribuya a las unidades ejecutoras. El gobierno regional hizo lo más fácil y multiplicó el problema por 9 unidades ejecutoras, en lugar de tomar la decisión de comprar para todos. Ahí empezó el problema, solicitamos información a la región, no había, decían que no tenían personal de logística, que todos estaban en sus casas. Sin información y control, el tema se ha ido de las manos.

¿Cree que es necesario cambiar a la cabeza del comando COVID?

Esa decisión la tomarán en Lima, porque depende de un comando nacional que es la doctora Mazzetti. Sí, ha habido fallas, pero tendrían que decir por quien.