Alcaldes obligados a reportar en línea compras por la emergencia

Tras la transferencia efectuada por el Poder Ejecutivo, los alcaldes están obligados a subir información sobre las compras que realizan para las poblaciones más vulnerables a la “Plataforma de Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19”, que acaba de implementar la Contraloría General de la República.

A través de una resolución publicada el jueves último, la Contraloría establece, además, que cada municipio tiene la obligación de designar al funcionario encargado de registrar toda la información requerida.

Como se recuerda, el Poder Ejecutivo emitió el viernes 27 de marzo el decreto de urgencia 033-2020, estableciendo medidas para enfrentar el impacto en la economía peruana, generado por el coronavirus.

La norma incluye una asignación de 213 millones 650 mil soles a los gobiernos locales para la compra de bienes de primera necesidad para la canasta básica familiar en favor de las poblaciones más vulnerables.

Según la Contraloría, los municipios deben registrar en línea información sobre el proceso de contratación, la ejecución del contrato y el proceso de entrega de las canastas básicas familiares a ser entregadas a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

La información debe ser reportada en forma obligatoria los días viernes de cada semana. Sobre la marcha, personal del ente contralor se encargará de contrastar los datos registrados.

Observaciones

Previamente a esta iniciativa, el 30 de marzo, la Contraloría hizo llegar a la Presidencia del Consejo de Ministros un informe de orientación de oficio donde advertían algunas carencias por parte del Ejecutivo, para el proceso de implementación del decreto de urgencia 033-2020.

Por un lado, no se contaba con procedimientos regulados para garantizar la acreditación de la entrega de los productos por parte de los proveedores. Tampoco había documentación que establezca los criterios para la distribución y recepción de los productos.

Otra carencia tendría que ver con la falta de detalle sobre los bienes considerados de primera necesidad. Por lo mismo, la Contraloría recomendó que los gobiernos locales establezcan estos procedimientos, incluyendo criterios nutricionales y sanitarios, a fin de evitar el riesgo de que los productos adquiridos no sean los idóneos para ser entregados a los beneficiarios.